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33 corregimientos y veredas en riesgo por grupos ilegales

En Montelíbano los corregimientos afectados son Tierradentro, Puerto Ánchica, El Palmar, Picapiedra, Puerto Nuevo y Los Córdobas.

En el sur del departamento de Córdoba se encuentran en riesgo 33 poblaciones tras la presencia y presión de grupos al margen de ley.
La información fue entregada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a la Secretaría del Interior de la Gobernación de Córdoba.
Los corregimientos en jurisdicción de Puerto Libertador en situación de riesgo son: Juan José, La Rica, Puerto López, San Juan,Río Verde, Villa Nueva, Carepa y El Brillante.
De igual forma las veredas de El Saltillo, Rogero, Rogerito, Soledad, Santa Barbara, Rancho Grande, La Piedra, El Limón y El Terminal.
En Montelíbano los corregimientos afectados son Tierradentro, Puerto Ánchica, El Palmar, Picapiedra, Puerto Nuevo y Los Córdobas y las veredas San Cipriano, El Ají, Bujío y Mijagual.
De acuerdo con la información recaudada a través del monitoreo realizado por el Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se pudo constatar que aún persisten las condiciones estructurales y coyunturales que dieron lugar a la emisión del Informe de Riesgo 006 elevado a Alerta Temprana por el CIAT.
Más aún, se evidencia que estas se han agudizado en ciertas áreas de los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, por las acciones perpetradas tanto por grupos de guerrilla como por los grupos post desmovilización de las autodefensas que han ocasionado graves violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH.
Los escenarios de riesgo identificados en el referido documento mostraban, por un lado, como el proceso de recomposición de los grupos armados que surgieron luego del proceso de desmovilización de las autodefensas, era un factor determinante para el incremento de la violencia y la consecuente vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de aquellas zonas en donde estos grupos pretendían hacerse al control territorial y social para el desarrollo de la actividad del narcotráfico.
Y por otro lado, advertían la intención de la guerrilla de las Farc a través de los frentes 18 y 58 de posicionarse y fortalecerse en las zonas altas de ambos municipios para mantener el control de las áreas de producción de la coca e impedir la consolidación en el territorio de los grupos armados ilegales post-desmovilización de las Auc.
En el seguimiento a los escenarios de riesgo descritos, el SAT ha podido identificar y advertir mediante las cuatro Notas de Seguimiento posteriores al Informe de Riesgo, que efectivamente los grupos armados ilegales reconfigurados tras la desmovilización de las Auc continúan en su intento de consolidarse tanto en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, al igual que en otras zonas del departamento de Córdoba.
Estos grupos logran obtener mayor presencia y control, mediante el ejercicio de la violencia en contra de la población civil que se encuentra sometida cada vez más a mayores niveles de vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad personal.
Así mismo, en las anteriores Notas de Seguimiento, se describía como grupos armados post desmovilización de las AUC habían entrado en una confrontación y disputa entre sí, por el control del territorio dado el interés de obtener el poder absoluto sobre la rentas generadas por el narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades que representan un valor estratégico para estos grupos ilegales.
En medio de esta confrontación, surgen dinámicas paralelas que hacen más complejo el panorama de riesgo, teniendo en cuenta que el grupo guerrillero de las Farc ejerce igualmente presión sobre la población de la zona rural y desea mantener el control sobre las zonas cocaleras.
Esta situación pone de presente la posibilidad de un enfrentamiento entre las estructuras armadas ilegales surgidas con posterioridad a la desmovilización de las Auc y la guerrilla y, por otro lado, la viabilidad que se presenten acuerdos entre los grupos armados ilegales en donde el negocio del narcotráfico sea el eje de los mismos.
En la actualidad, en el municipio de Puerto Libertador como en el de Montelibano, hacen presencia los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC autodenominados “Águilas Negras” y “Los Paisas”, de manera particular, en los corregimientos de Juan José, San Juan, Tierradentro y en los cascos urbanos de estos municipios.
Las acciones de ambos grupos armados ilegales que inicialmente indicaban una disputa y confrontación entre bandos por el control territorial, declarando como objetivo de ataque a miembros del grupo adversario, se ha extendido a personas civiles que no tienen relación alguna con estos grupos armados y por tanto, la mayoría de las víctimas pertenecen a las comunidades campesinas de la zona o a miembros de los cabildos indígenas asentados en los resguardos ubicados en las jurisdicciones de estos municipios.
Los homicidios ocurridos en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, desde la segunda mitad del año 2009 hasta a la fecha, reflejan el grave problema de seguridad que afecta a los habitantes de estas dos localidades.
Desde el mes de julio de 2009 hasta febrero de 2010, se habían presentado un total de 24 homicidios en el municipio de Montelíbano y 12 en Puerto Libertador (según datos del Observatorio del Delito), esto sin tener en cuenta los asesinatos registrados en el mes de marzo y abril que incrementaría esta cifra por acción de los grupos armados ilegales presentes en esta zona.
En especial atención merece la población indígena Zenú que ha venido sufriendo el rigor de la violencia contra sus comunidades por parte de la guerrilla de las Farc como por parte de los grupos armados ilegales autodenominados “Las Águilas Negras” y “Los Paisas”.
Esta población cuenta con un territorio de aproximadamente 1.085 hectáreas, en el sector conocido como Finca San Nicolás y posee un sector delimitado de 787 hectáreas, a la margen derecha del río San Jorge, el cual ha servido de asentamiento y desarrollo socio cultural y económico de este pueblo indígena desde hace nueve años aproximadamente. El Resguardo Indígena Zenú, está constituido por treinta y cinco (35) comunidades reconocidas por el Ministerio del Interior y (4) cuatro se encuentran adelantando este proceso.

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