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Capturados concejal Álvarez y empresaria Katia Sánchez

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La investigación se venía desarrollando desde 2007 por el desalojo de varias familias campesinas en el año de 1996, con la presión de paramilitares, para sembrar los territorios con palma africana.

El concejal de Montería Remberto Álvarez Bertel y la empresaria Katia Patricia Sánchez Mejía fueron capturados en la mañana de ayer por los presuntos delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
Los operativos fueron realizados por el CTI de la Fiscalía en la mañana de ayer en el barrio La Catellana de esta capital luego que un fiscal de derechos humanos los encontrara responsables de hechos ocurridos en el año de 1988 en el Urabá.
De acuerdo con lo señalado por el director del CTI en Córdoba, Jaime Cuervo, los dos serán trasladados a la ciudad de Bogotá.

LOS HECHOS
Los hechos en los que resultaron involucrados los dos monterianos tuvieron su origen en una investigación que inició la Fiscalía General de la Nación a 23 empresarios por parte de la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario luego de hechos ocurridos en Curvaradó y Jiguamiandó en el bajo Atrato Chocoano.
Sánchez Mejía, esposa del empresario de boxeo y ex asesor de procesos de paz Hernán Gómez, aparece como representante legal de la empresa Urapalma y el concejal Álvarez como comisionista de tierras.
En su momento se habló de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.
El entonces fiscal, Mario Iguarán, dijo en ese momento que la actuación empresarial se asociaba con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996 y que tenían testimonios de centenares de personas que hablaban de la forma como los empresarios se apoderaron de sus tierras las cuales legalizaron a través de procesos fraudulentos y falsificación de escrituras, aliados con los paramilitares.
En el proceso fueron vinculadas las personas que compraron u ocuparon fraudulentamente los predios individuales o colectivos, pero no se vinculó a los beneficiarios directos, según señala una investigación publicada en el diario El Tiempo de 2008.
En una de las declaraciones entregadas por el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, “el alemán”, reconoció que despojaron a sangre y fuego a varias comunidades negras de sus tierras.
De igual forma, el Incoder en el año 2004 confirmó que el 93 por ciento de los cultivos de cuatro empresas de aceite de palma estaban en tierras de comunidades negras cuyos títulos habían sido adjudicados el 21 de mayo de 2001 por la Nación con la condición que no podían embargarlos o venderlos. Sin embargo, desde 2004 se empezó una masiva compra venta de estos predios.
Cerca de 14.881 hectáreas fueron sembradas de palma africana y el Gobierno finalmente pidió devolverlas.
Cabe anotar que tanto el concejal monteriano como la empresaria habían sido llamados a indagatoria en enero de 2008 y dos años después fue ordenada su captura.
Finalmente, el abogado defensor del concejal, Oswaldo Pacheco, indicó que demostrará su inocencia toda vez que Álvarez empezó a trabajar como representante legal de la empresa de aceite de palma en el año 2000 y que ya se habían dado los hechos denunciados.

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