Noche de terror y muerte

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos a quien entregue información que conduzca al paradero de las personas que protagonizaron los disturbios que dejaron como saldo tres personas muertas y daños materiales que superan los mil millones de pesos. Así lo dio a conocer el comandante de la Regional Seis de la Policía Nacional, general Luis Pérez Albarán, al término de un consejo de seguridad desarrollado ayer en la mañana con presencia de todas las autoridades en un establecimiento público de esa localidad. En esa reunión se adoptaron medidas como la restricción al porte de armas de fuego y la puesta en vigencia del toque de queda en el municipio afectado, según explicó el oficial. Los disturbios comenzaron el domingo en horas de la noche con la destrucción total de las instalaciones de la Alcaldía municipal, la sede de Electricaribe y la casa del alcalde de San Andrés de Sotavento, Guido Sibaja. En esos desordenes participaron más de mil personas, de acuerdo con lo explicado por el Secretario del Interior de la Gobernación de Córdoba, Jairo López Covo. Los disturbios se produjeron por la interrupción en el servicio de energía la cual duró más de 12 horas, según explicaron habitantes de esa población quienes informaron que la turba estuvo comandada por unos 20 individuos. Las personas que participaron en los disturbios luego destruir las instalaciones de la Alcaldía se dirigieron hasta la casa del primer mandatario y procedieron a quemar las pertenencias del alcalde incluidas dos motocicletas y una cuatrimoto. Muchos alcanzaron a robarse objetos de valor dentro de la casa del primer mandatario. Tres de los manifestantes que ingresaron a la casa del burgomaestre murieron dentro de ella, dos de ellos al parecer por asfixia y uno calcinado. Estas personas supuestamente fueron víctimas de las llamas arrojadas por sus compañeros. LOS MUERTOS Las personas muertas fueron identificadas como Juan Carlos Tuirán, de 32 años de edad, carpintero, Daniel Paternina Salcedo y Luis Cordero. Los tres cadáveres en horas de la mañana de ayer aún seguían en la morgue de esa municipalidad. El padre del carpintero sólo ayer en la mañana se enteró que su hijo había muerto. Dijo que era una persona de bien y que el domingo en la tarde estuvo jugando fútbol. Dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos por la turba enfurecida. Según el coronel, Pérez Albarán se adelantan labores investigativas en conjunto con el DAS, CTI y Fiscalía para dar con los responsables de estos disturbios. De Cartagena llegaron unos 70 miembros del Escuadrón Antidisturbios, acompañados por dos tanquetas quienes en compañía de la Infantería de Marina, la Brigada XI y la Policía estarán custodiando al municipio hasta nueva orden. La medida del toque de queda será por 10 días, la cual se cumplirá entre las 11 de la noche y las cuatro de la madrugada, explicó el Secretario del Interior de la Gobernación. La suspención del porte de armas de fuego en ese municipio entró a regir ayer a las cuatro de la tarde y se extenderá hasta las 24 horas del jueves 26 de noviembre. “En el consejo de seguridad se determinó solicitarle a Transelca y Electricaribe suspender de manera inmediata los mantenimientos hasta mediados del mes de enero”, dijo López Covo, quien fue la persona que le avisó al alcalde 15 minutos antes lo que le permitió salir rápidamente de su casa y no ser víctima de la turba. EL ALCALDE Guido Sibaja, alcalde de San Andrés de Sotavento, se mostró muy triste y preocupado por lo ocurrido. El mandatario se refirió al daño que la turba le hizo a los archivos donde estaba la información de Familias en Acción. La Personería y la Registraduría también fueron atacadas. Según los habitantes, esta acción violenta nunca se había registrado en el municipio. Los constantes apagones han provocado disturbios en San Carlos, Los Garzones y en distintos barrios de Montería. COMUNICADO DE ELECTRICARIBE Electricaribe lamenta los hechos registrados en el municipio de San Andrés de Sotavento donde murieron tres personas por los incendios provocados por una turba. En este municipio del norte de Córdoba, Transelca y Electricaribe programaron trabajos conjuntos para el domingo 22 de noviembre entre las 5:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Por parte de Transelca para realizar mantenimiento en las bahías de 110 mil voltios; y por parte de Electricaribe con la puesta en servicio de la modernización de la subestación Chinú Planta con una inversión superior a los $3.500 millones. Electricaribe difundió ampliamente la información de los mantenimientos programados a través de medios de comunicación, perifoneos, visitas y cartas a las autoridades locales, circulares informativas en puntos de atención y pago. Pese a lo anterior, no recibió solicitud de reprogramación de este trabajo. Esta subestación alimenta los municipios de San Andrés de Sotavento, Chinú, Tuchín, Chimá, Sahagún, La Unión y Caimito. Los mantenimientos se iniciaron como estaba programado y Transelca entregó su trabajo a las 5:24 de la tarde. Por su parte, Electricaribe continúo con sus labores durante una hora y media más, es decir hasta las 7 de la noche. Una vez Electricaribe terminó esta obra, Transelca energizó la línea 716 - línea que va de la subestación Chinú ISA a Chinú Planta- a las 7:22 de la noche. Un minuto después de este restablecimiento, es decir a las 7:23 de la noche se disparó la línea, que Transelca vuelve a energizar 4 horas después, es decir a las 11:44 de la noche, cuando reparó un transformador de corriente de la subestación Chinú-ISA. MÓVILES POLÍTICOS: GOBERNADORA MONTERÍA La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, no descarta que la asonada que se registró en San Andrés de Sotavento hubiera tenido un ingrediente político. Fue enérgica en rechazar los hechos indicando que tiene pena ajena y que los cordobeses ante el país están reflejando una idea de seres violentos cuando la realidad es muy diferente. “No podemos llegar a esos extremos de intolerancia. Eso es censurable y reprochable desde todo punto de vista”, indicó. La funcionaria, quien ayer se fue al municipio de San Andrés a expresar su solidaridad al alcalde Guido Sibaja, dijo que esos son extremos que no se justifican bajo ninguna circunstancia. “El alcalde es la primera autoridad del pueblo y eso hay que respetarlo”, indicó señalando que si el problema era de energía no entiende por qué tenían que arremeter contra la casa del mandatario, sin pretender justificar que lo hayan hecho con la sede de Electricaribe. Anotó, además, que el racionamiento fue debidamente avisado a las autoridades y a la comunidad y no descartó que haya móviles políticos. “Esos son mensajes que hay que interpretar y en los últimos días el alcalde ha tenido dificultades porque desde que se segregó el municipio de Tuchín se han reducido los ingresos del municipio en un 50% y no ha podio ni pagar el sueldo a los empleados”.