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Violencia no para en lugares públicos

La ola de ataques violentos al interior de establecimientos comerciales tiene preocupados a los habitantes de los municipios de esta subregión del departamento de Córdoba.

Según indican algunos líderes comunitarios el aumento del pie de fuerza sirve para ejercer más control en los municipios, pero estas medidas siempre se toman coyunturalmente en momentos sangrientos, pero no perduran.
Además señalan que no se trata de ser sólo reactivos, la fuerza pública debería actuar con énfasis, de manera preventiva y proactiva en todo momento para evitar los actos de violencia que se presenta con frecuencia.
Asimismo, los consultados señalan que no se trata de llenar los municipios con patrullajes a pie, en moto, autos o a caballo se necesita confeccionar una verdadera política pública de seguridad para ser proactivos y preventivos, previendo la comisión de tantos delitos y protegiendo eficazmente los derechos humanos de los ciudadanos.
Los preocupados habitantes se preguntan: ¿Cómo se puede coexistir en una gran subregión sin protección estatal y sin seguridad?
Igualmente insisten en que el aumento de la fuerza pública, sin política de seguridad establecida sólo sirve para acciones reactivas, neutralizando a los delincuentes sorprendidos en flagrancia, inmovilizándolos y eso si la patrulla policial coincidencialmente pasa cerca al lugar de los hechos.
Para la gran mayoría de los habitantes de la subregión del San Jorge, la política de seguridad democrática del actual Gobierno deja mucho que desear e indican que se hace necesario que dentro de la política pública de seguridad que se diseñe debe actuar la inteligencia policial para desmantelar las bandas organizadas, mucho más peligrosas que la delincuencia común dispersa. Agregan que este es el núcleo del problema.
Según la opinión de víctimas y testigos casuales de hechos, las llamadas bandas criminales tienen en jaque a todos los municipios del San Jorge, la población está indefensa ante la acción depredadora de los sicarios.
Desde el 18 de agosto de 2006, con el atentado que le costó la vida al concejal, Fredy Villa Marmolejo, en el estadero El Potrero del municipio de La Apartada, comenzó una mala racha en algunos establecimientos comerciales del San Jorge.
Los atentados y ataques se registran principalmente en lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Negocios de zonas rurales y urbanas han sido escenarios de muerte por los ataques armados y con granadas de fragmentación por parte de sujetos desconocidos.
Desde entonces, estaderos, discotecas, billares, tiendas, bares y paradores de municipios como Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo han sido escenarios donde grupos de hombres armados irrumpen y asesinan en cada acción entre una y siete personas y dejan heridas a otras.
La cifra de muertos es cada vez mayor y muchos se preguntan: ¿dónde quedó la seguridad democrática? Las fuentes castrenses se refieren a que se trata de un enfrentamientos entre bandas criminales, pues ya muchos piensan que es una guerra que no tiene fin.
Ante la inseguridad reinante son muchos los que han preferido no emparrandarse, ni mucho menos acudir a estos sitios que antes eran de diversión y hoy son “un peligro”.
Un caso reciente, el sucedido en el municipio de Buenavista el pasado domingo a las 10:40 de la noche, en el Estadero y Lavadero Palma Bahía, donde fue asesinado Oswaldo Ríos Vásquez, de 43 años, administrador del establecimiento comercial y conocido popularmente como “El Chispi”.
Además resultaron con heridas Lorena Hoyos, Juan Carlos Domínguez, Gustavo Ortiz y Jorge Hernán García, los tres últimos de gravedad hasta el punto que estuvieron que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas y uno se encuentra con pronóstico reservado.
Este también fue un ataque de hombres armados que llegaron en motos e incluso muchos aseguran que acompañados de algunos vehículos y tranquilamente se bajaron y formaron una balacera que dejó el saldo trágico señalado anteriormente.

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