En total son 709 personas las víctimas que compraron un apartamento en estos edificios que fueron construidos ilegalmente, sin permisos, con materiales de dudosa calidad y a la vista de todas las autoridades.
Todo este tema de los edificios en riesgo se remonta hasta el 27 de abril de 2017, cuando una construcción se vino abajo en el barrio Blas de Lezo y mató a 21 obreros. Por esta tragedia, la ciudad escuchó por primera vez el apellido Quiroz, que también son los constructores de los 16 edificios que están en riesgo de desplome.
Con el antecedente de 21 muertos y un edificio desplomado, las autoridades decidieron hacer algo para prevenir que los otros edificios se cayeran con gente viviendo adentro. La Alcaldía contrató a la Universidad de Cartagena para que realizara unos estudios, que confirmaron que se podían caer en cualquier momento.
El 17 de enero, la Fiscalía General de la Nación le pidió por escrito al Alcalde (e) Sergio Londoño que iniciara la evacuación de las familias, y al día siguiente, la Alcaldía declaró calamidad pública e inició el desalojo.
El problema y mayor miedo de las familias afectadas es que nadie se hace responsable, y muchos de los compradores invirtieron todo su dinero en estos proyectos, o están endeudados hasta el cuello con los bancos.
Alcaldía Mayor, alcaldías locales, instrumentos públicos, curadurías, control urbano, inspectores de policía, bancos, los mismos compradores y los Quiroz tienen su cuota de responsabilidad.
Luego del desplome del edificio de Blas de Lezo, Wilfran Quiroz, aceptó el delito de urbanización ilegal y lo condenaron a cuatro años de prisión domiciliaria. Su hijo, Luis David Quiroz, no aceptó cargos y fue enviado a prisión. Posteriormente sus abogados lograron que también le dieran casa por cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
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