El Consejo de Estado francés se pronunció este martes a favor de interrumpir los cuidados que mantienen en vida a un tetrapléjico en estado vegetativo desde hace seis años, cuya situación es objeto de un enfrentamiento entre los familiares.
La más alta instancia administrativa francesa consideró legal la decisión de los médicos del hospital de poner fin al tratamiento que mantiene artificialmente en vida al paciente de 38 años, por considerar que se trata de un "empecinamiento insensato".
El mantenimiento o no en vida de Vincent Lambert, que padece "lesiones irreversibles" y con el cual nunca se pudo establecer comunicación alguna, es objeto de un enfrentamiento familiar.
Por un lado, su esposa y varios parientes, respaldados por el hospital de Reims (este) donde el paciente está internado desde que sufrió un accidente de tránsito en 2008, favorables a poner fin al tratamiento. Por otro, los padres de Vincent Lambert, que se oponen por convicción religiosa al cese de la alimentación y la hidratación artificial de su hijo.
Los padres, católicos tradicionalistas, recurrieron a la justicia y un tribunal administrativo ordenó el 16 de enero que se mantenga el tratamiento. Tras esa decisión, la esposa y los médicos apelaron al Consejo de Estado.
En Francia, una ley de 2005 autoriza el cese de tratamientos inútiles o desproporcionados cuyo único objetivo sea el mantenimiento artificial de la vida.
"La decisión pronunciada por el Consejo de Estado (...) se inscribe en el marco fijado por la ley", declaró Jean-Marc Sauvé, vicepresidente de esa instancia. Aunque admitió que "el estado de salud más grave, incluyendo la pérdida irreversible de toda conciencia, no alcanza para justificar el fin de un tratamiento", destacó la necesidad de "prestar especial atención a la voluntad del paciente".
Antes del accidente Lambert, un ex enfermero psiquiátrico, "había expresado claramente en varias oportunidades el deseo de no ser mantenido en vida artificialmente", explicó Sauvé.
OTRAS CONTROVERSIAS SOBRE EUTANASIA
Desde el 11 de junio, un tribunal de Pau (suroeste) está juzgando al médico Nicolas Bonnemaison, acusado de haber envenenado a siete ancianos. La fiscalía reclama cinco años de cárcel.
Este miércoles, una ex profesora de literatura comparecerá ante un tribunal de Montpellier (sur), acusada de haber intentado poner fin a la vida de su madre que padecía un Alzheimer.
Ambos casos alimentaron el debate nacional en torno a una eventual reforma de la ley sobre el fin de vida de 2005, que autoriza la interrupción de tratamientos en ciertos casos.
El gobierno francés encargó la semana pasada a dos diputados, incluyendo Jean Léonetti, autor de la ley de 2005, proponer antes de fin de año una reforma del texto, por considerar que el mismo es mal conocido y está mal aplicado.
Según Leonetti, la decisión del Consejo de Estado "conforta a la ley, aunque no se pueden sacar conclusiones globales aplicables a todos los casos, ya que cada caso es particular. Se basaron en lo que quiere o hubiese querido el paciente, ya sea a través de directivas por escrito o en forma oral".
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