El máximo tribunal venezolano declaró inconstitucional una reforma del Banco Central (BCV), en un nuevo desafío a la mayoría opositora en el Parlamento que había aprobado la enmienda el pasado 3 de marzo.
En un control de legalidad solicitado por el presidente Nicolás Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que la reforma viola la ley al atribuirle a la Asamblea la potestad de nombrar al titular y demás directivos de la entidad.
Esa facultad recae actualmente en el primer mandatario.
"Se develó que el objetivo buscado es tomar el control administrativo del Instituto Emisor, con lo cual se atenta en contra de la autonomía del BCV y la estabilidad de la economía", señaló el TSJ en un comunicado emitido este viernes.
La decisión se enmarca en el choque de poderes que sacude a Venezuela desde el pasado 5 de enero, cuando la oposición asumió el control del Parlamento con una amplia mayoría, tras 17 años de hegemonía chavista.
Con varios jueces nombrados días antes de que el oficialismo perdiera el dominio de la cámara, el TSJ es acusado por la oposición de ser el "bufete jurídico" del gobierno, a raíz de varias decisiones que impactaron su labor legislativa.
La corte convalidó un decreto de emergencia económica emitido por Maduro en enero, pese al veto de la Asamblea, y luego reguló las facultades de control del Legislativo, con lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
El diputado y economista José Guerra rechazó la decisión del TSJ, señalando que la Constitución faculta a la Asamblea para nombrar a dos de los directivos del BCV.
"Se legaliza así la falta de información y la inflación que carcome ingresos de los venezolanos", afirmó Guerra, aludiendo a que el Ejecutivo dejó de publicar durante casi un año los índices económicos, y a que la emisión de "dinero inorgánico" para financiar el déficit fiscal acelera el costo de vida (180,9% en 2015).
El gobierno defiende su facultad de nombrar al directorio del BCV, señalando que durante años algunos miembros eran escogidos por los empresarios y solo respondían a los intereses del sector privado.
"Es otro desconocimiento a la Asamblea, declaró a la AFP el constitucionalista Juan Manuel Raffali, expresando su temor de que "todo elemento de trascendencia para el Ejecutivo que sea incluido en cualquier acto parlamentario o de control político va a ser bombardeado" por el TSJ.
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