Lelia Pérez presentó una querella el miércoles contra un grupo de militares a quienes acusa de violarla cuando era una estudiante de 16 años, al producirse el golpe de estado de 1973.
La querella presentada en tribunales por el abogado Hiram Villagra se suma a otra ratificada a comienzos de diciembre por Nieves Ayress, violada cuando tenía 25 años al momento de su detención. Expuso ante un juez los casos, calificados como "violencia política sexual", a la que ella y un número indeterminado de mujeres fueron sometidas en centros de tortura del régimen militar, que incluyó violaciones en masa, la introducción de ratas en la vagina y otras aberraciones.
Pérez, una profesora ahora de 57 años, reveló a The Associated Press lo sucedido el 11 de septiembre de 1973, día en que fue derrocado el presidente socialista Salvador Allende. Contó que junto a una decena de compañeros del colegio se dirigieron a un inmueble cercano a la Universidad Técnica del Estado, donde fueron apresados por una patrulla militar y el grupo fue conducido al Estadio Chile, recinto deportivo convertido en centro de reclusión. Allí fue violada por los militares, afirmó.
"No sé cuánto duró ni cuántos fueron", explicó. Dijo que la quemaban con electricidad en los muslos "para obligarme a abrir las piernas para violarme".
Señaló que pese a que su cabeza fue cubierta por una especie de toalla, logró identificar a uno de los militares, cuyo nombre entregó al juez. El libelo lo identifica como Edwin Dimter Bianchi y la querella está dirigida contra él y otros siete militares que eran tenientes del ejército en 1973, virtualmente los mismos uniformados que están procesados por el asesinato en el Estadio Chile del folclorista Víctor Jara.
La profesora adelantó a la AP que el próximo viernes otros dos menores de edad presentarán una querella similar a la suya, entre ellos estará Carlos Ayress, de 15 años al momento de ser detenido junto a su hermana Nieves y a su padre.
Ayress y otras tres mujeres presentaron la primera querella por violencia política sexual, en mayo de 2014, con el propósito de presionar al Estado chileno a cambiar el Código Penal que data de 1874, y que no considera el delito de tortura.
Las mujeres buscan que sus casos denunciados sean catalogados como crímenes de lesa humanidad, lo que permitiría que el delito no prescribiera y que se sancione a los culpables que puedan ser individualizados y sigan vivos.
Los jueces que persiguen estos crímenes sexuales, al no estar contemplados en el Código Penal, deben asimilar la tortura a maltratos y lesiones, delitos cuyas sanciones son mucho menores que las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, que recogió los testimonios de miles de torturados durante la dictadura, dijo en 2004 que casi todas las 3.399 mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fueron violadas durante su detención.
La dictadura del general Augusto Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 3.095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel en un penal especial.
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Denuncian tortura sexual a menores bajo la dictadura chilena
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