La institución encargada de supervisar a los magistrados en Perú destituyó el miércoles al Fiscal General Carlos Ramos Heredia por su presunta relación con el crimen organizado.
El secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Mario Álvarez, dijo a periodistas que se "ha dispuesto la destitución" de Ramos Heredia, al concluir los tres procesos disciplinarios contra quien era el más alto funcionario de la Fiscalía. Cinco magistrados votaron por la destitución, uno en contra, un hecho que se considera ocurre por primera vez en el país. El destituido es primo lejano de la primera dama Nadine Heredia.
Ramos Heredia, quien estaba suspendido desde diciembre, fue investigado por perseguir a fiscales que investigaban el crimen organizado en Ancash, la más rica región minera del país, y por reunirse con el abogado peruano Rodolfo Orellana, capturado en noviembre por la policía colombiana en la ciudad de Cali y quien durante 15 años lideró una de las mayores redes de estafa y lavado de activos en Perú que acumuló más de 100 millones de dólares en contubernio con jueces y fiscales por todo el país.
Temprano en la mañana, Ramos Heredia dijo en Radioprogramas que si era destituido "la ley me da herramientas para defenderme...tengo al Tribunal Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo el mundo se ha dado cuenta de aquí hay un complot y conspiración contra mí".
Víctor García Belaunde, un parlamentario independiente que ha investigado al crimen organizado, dijo a la Associated Press que la destitución "se determinó en base a denuncias vinculadas al crimen organizado...y por haberse descubierto que un hijo del Fiscal también asistía regularmente al bunker de este mafioso llamado Rodolfo Orellana".
Ramos Heredia asumió el cargo en mayo de 2014 y los hechos por los cuales fue destituido ocurrieron antes, mientras era jefe de la fiscalía de control interno, un cargo poderoso y clave que ejerció entre 2012 y 2013. La fiscal sobre lavado de activos, Marita Barreto, quien investiga a Rodolfo Orellana, acusó hace más de una semana al ahora defenestrado Fiscal General de recibir entre 10 mil y 30 mil dólares mensuales de Orellana para sancionar o sacar del camino a fiscales incómodos con la red mafiosa.
"Esa destitución tendrá un impacto directo en el funcionamiento de la Fiscalía y para que otros fiscales y jueces no vayan contra la ley", dijo el parlamentario Mesías Guevara, quien investiga las redes mafiosas que se desarrollaron en la rica región minera de Ancash.
El nuevo Fiscal General debe ser elegido entre cuatro fiscales supremos, pero el cargo interino fue asumido en enero por Pablo Sánchez, un reconocido fiscal que en 2004 acusó a un grupo clandestino de militares que durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori asesinó al menos a 53 personas.
El Ministerio Público fue fundado en 1981. La crisis de esta institución también tocó fondo a fines del año 2000 cuando la entonces Fiscal General, Blanca Colán, que dirigió ese organismo durante casi todo el gobierno de Fujimori (1990-2000), renunció antes de ser investigada y destituida.
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