Una comisión parlamentaria británica pide al Gobierno que acentúe la presión a Israel para que anule ciertas restricciones impuestas a los habitantes de Gaza calificadas de "desproporcionadas" y contrarias al derecho internacional, en un informe publicado este miércoles.
Este informe de la Comisión para el Desarrollo Internacional llega al día siguiente de la dimisión sorpresiva de la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Sayeeda Warsi, por considerar que ya no podía "apoyar la política del Gobierno relativa a Gaza" que calificó como "moralmente indefendible".
El documento presiona un poco más al Gobierno de David Cameron, criticado por la oposición laborista por no adoptar una línea de mayor dureza con Israel desde el principio de una guerra, el pasado 8 de julio, que ha dejado cerca de 1.900 muertos antes de la entrada en vigor este martes de un alto el fuego.
Los miembros de la comisión parlamentaria, que viajaron a Israel y los territorios ocupados este año antes del conflicto, dicen que se quedaron "conmocionados" por lo que vieron.
En su informe, señalan el carácter contraproducente de ciertas medidas de seguridad israelíes: "Hemos visto un país (Israel), cuyos ciudadanos vivieron sufrimientos inmensos, que impone hoy a sus vecinos palestinos unas condiciones que provocan sufrimientos ciertamente diferentes pero muy reales, y a menudo sin verdadera justificación en materia de seguridad".
"Hemos constatado que Israel aplica medidas que obstaculizan el desarrollo económico palestino y que, como poco, provocan un fuerte resentimiento por el lado palestino, incluso entre los más pragmáticos y moderados, lo que a fin de cuentas no hace más que reforzar la amenaza contra la seguridad de Israel", denuncian los diputados.
Ciertas restricciones de circulación impuestas a los 1,8 millones de habitantes de la Franja de Gaza son "desproporcionadas" y contrarias al derecho internacional, añade el informe.
Israel, que impone un bloqueo a la Franja de Gaza desde la captura en junio de 2006 de uno de sus soldados, liberado en 2011, ejerce un control estricto de espacio aéreo, aguas territoriales, trafico de mercancías y movimientos migratorios.
La comisión parlamentaria británica insta también al Gobierno británico a aumentar la presión sobre las autoridades israelíes para que mejoren el aprovisionamiento de agua y electricidad, sometido a frecuentes cortes, en ese enclave densamente poblado.
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