La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela cumple un mes de su elección y pese a la estampida de críticas sobre su legitimidad proveniente de varias partes del mundo, el órgano, integrado únicamente por oficialistas, avanza imparable en su afán por blindar al chavismo gobernante.
A su manera, este suprapoder ha ido cumpliendo los propósitos para los que fue constituido, pues en primer lugar su puesta en marcha significó el fin de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país durante cuatro meses y se saldaron con más de 120 muertos, unos 2.000 heridos y cerca de 5.000 arrestos.
Sin embargo, y pese a que los constituyentes se atribuyen esta "victoria de paz", la ANC no hizo nada concreto para detener las manifestaciones. Fue su elección en sí lo que desairó las calles ante la llegada de este temido cuerpo que es visto por los opositores como un instrumento para "consolidar una dictadura".
Los 545 miembros de esa Asamblea, todos fieles a la llamada revolución bolivariana, han aprobado por unanimidad cada una de las decisiones, aunque su presidenta, la excanciller Delcy Rodríguez, insiste en defender la "pluralidad" y las "distintas corrientes de pensamiento" que convergen en la ANC.
No obstante, todos los constituyentes coinciden en su vocación de "paz" y, en este sentido, han actuado contra quienes consideran detractores de esa calma que pregona el chavismo, en la que la oposición política es apátrida y los empresarios los culpables de la crisis económica.
Bajo esta premisa, y con el poder incontestable de la Constituyente, comenzaron a cortar cabezas y la primera que rodó fue la de la exfiscal general Luisa Ortega, a quien señalaron como responsable de la violencia desatada durante las protestas y le achacaron supuestas faltas graves en el desempeño de su cargo.
Ortega se había convertido en la voz crítica institucional contra el Gobierno de Nicolás Maduro y la Justicia venezolana, culpables, según sus palabras, del "terrorismo de Estado" y de "la ruptura del hilo constitucional" en el país, respectivamente, lo que para la ANC constituyó un "atentado a la paz".
Por ello le quitaron la titularidad de la acción penal y designaron en su lugar a quien fuera defensor del pueblo, Tarek William Saab, una ficha leal al oficialismo que ha dedicado sus primeros días en el Ministerio Público a denunciar una supuesta red de extorsión y vincula a la exfiscal y a su marido, el diputado Germán Ferrer.
Este legislador, ahora disidente del chavismo, motivó el siguiente movimiento de la Constituyente, que decidió retirarle la inmunidad y avalar una orden de aprehensión dictada por el Supremo y que no se pudo concretar en vista de que Ferrer y su esposa abandonaron Venezuela al argumentar "persecución" política.
Tanto la destitución de la fiscal general como el levantamiento de la inmunidad a un diputado son competencias exclusivas de la Asamblea Nacional (Parlamento), el único poder controlado en el país por una contundente mayoría opositora que reniega como ningún otro la legitimidad de la Constituyente.
Pero, como dice el chavismo, "estamos en tiempos constituyentes" y esto supone el carácter plenipotenciario de la ANC, elegida por unos 8 millones de venezolanos, para tomar decisiones incluso por encima del Parlamento, un órgano respaldado por 14 millones de votantes.
El cuerpo oficialista ha hecho sentir su superioridad al demandar la subordinación del resto de los poderes y lograr que Maduro, las autoridades del máximo juzgado, el fiscal Saab y hasta los rectores electorales acudieran a su plenaria a ponerse a la orden, con lo que consiguieron ser ratificados en sus cargos.
La directiva del Parlamento, en cambio, rechazó la invitación de la Constituyente y recordó su origen "fraudulento", lo que no impidió a los oficialistas arrogarse las competencias para "legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía", entre otros aspectos.
Con esta facultad, la ANC discute en la actualidad una ley contra el odio, que regulará los mensajes en las redes sociales y medios de comunicación y, a través de un Consejo Nacional de Economía, estudia medidas para paliar la escasez de alimentos y medicinas que vive el país.
Además, la Constituyente avanza con una "poderosísima" comisión de la verdad que juzgará a los responsables de la "violencia política" y que investiga al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a varios opositores a quienes considera responsables de las muertes en protestas, incluso las atribuidas a las fuerzas del orden.
Mientras el Gobierno de Maduro tiene una caducidad anunciada para finales de 2018, la ANC ha decidido mantener su poder incontestable por al menos dos años aunque, como reitera su representante más emblemático, Diosdado Cabello, esto puede extenderse "el tiempo que sea necesario".
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