Unas 40 escuelas privadas del distrito más poblado de Lima suspendieron labores este lunes, tras el reciente asesinato de un director, aparentemente por sicarios que asolan el sector, lo que obligó al municipio a pedir ayuda incluso al Ejército.
"Hemos declarado en emergencia la seguridad ciudadana", dijo a Canal N Juan Navarro, alcalde de San Juan de Lurigancho, distrito con 1 millón 200 mil habitantes, y recordó que el municipio ha pedido la intervención de las Fuerzas Armadas, aunque ello depende del gobierno.
El municipio informó a la AFP el lunes que cuarenta directores de colegios advirtieron que cerrarían sus puertas este lunes, por seguridad.
"Entregamos documentos al Congreso, Ministerio del Interior y de Defensa, y por supuesto necesitamos el apoyo del presidente Ollanta Humala", agregó.
El último viernes, el director de una escuela privada fue asesinado en la puerta del local, aparentemente por un grupo de sicarios. Días antes, dos vigilantes de otra escuela del sector, amanecieron muertos, también con disparos de bala.
De acuerdo con información policial difundida por la prensa, existen bandas en el distrito que pedirían hasta 10.000 dólares mensuales a los propietarios de colegios. En San Juan de Lurigancho funcionan 450 escuelas privadas.
El alcalde Navarro dijo que en su distrito hay un policía por cada 2.000 personas. Las autoridades policiales informaron de la instalación de una unidad especial de custodia para las escuelas de la zona.
San Juan de Lurigancho, un distrito con población trabajadora y donde el 24% es pobre, ha sido noticia en los últimos años por conflictos con tráfico de tierras, donde operaba la extorsión.
"La delincuencia ya no solo extorsiona y asesina a pequeños empresarios, sino que ahora hace daño a los directores y trabajadores de colegios. En estos últimos atentados pudieron morir también niños y estudiantes", agregó el alcalde.
Navarro ha optado por vestir un chaleco antibalas, desde que a fines de abril sufriera el segundo atentado desde que asumió su gestión en enero.
La primera vez, dice, dos adolescentes lanzaron una granada en su casa, sin causar víctimas, y la segunda, un joven que dejó cartuchos de dinamita en el domicilio de sus padres.
"No podemos vivir así, amenazados. Los extorsionadores son dueños de nuestras vidas", dijo al diario El Popular el director de una de las escuelas privadas que denunciaron haber sido extorsionadas, y que prefirió el anonimato.
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la situación, exhortando a las autoridades a "adoptar acciones urgentes para garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía".
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