El Estado salvadoreño pidió este sábado perdón por su responsabilidad en la desaparición forzada de una niña y cuatro niños durante la guerra civil (1980-1992), dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2014.
El pedido de perdón, a cargo del canciller Hugo Martínez, que habló a nombre del Estado, fue por las desapariciones forzadas de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, ocurridas entre el 12 de diciembre de 1980 y el 22 de agosto de 1982.
"En razón de la práctica de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado interno, en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores y con instrucciones precisas del señor presidente Salvador Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón", dijo el canciller.
Martínez aseguró, durante el acto público de desagravio efectuado en una plaza en pleno corazón de San Salvador, que se logró establecer que Santos Ernesto Salinas, de nueve años de edad, fue ejecutado sumariamente por militares.
El 14 de octubre de 2014, la Corte emitió una sentencia en contra del Estado salvadoreño declarándole "responsable" de la desaparición forzada de los cuatro niños y la niña.
Al acto acudieron familiares de las víctimas, entre ellos María Julianna Rochac Hernández, hermana de José Adrián, quien narró que el 12 de diciembre de 1980 soldados del ejército se llevaron a su hermano, de cinco años de edad, de su casa en las afueras de la ciudad de San Martín, 18 km al este de San Salvador.
"Los soldados que llegaron a nuestra casa agarraron a mi hermanito y le dijeron: vamos a irnos a subir a los caballitos, y se lo llevaron. Fue la última vez que vi a mi hermanito José Adrián", narró entre lágrimas María Julianna.
Por el momento no se ha identificado ni procesado judicialmente a ningún autor material o intelectual por estos casos, pese a que en su sentencia la CIDH ordenó "acelerar los procesos de investigación" para identificar a los autores de estos crímenes.
"Dichas desapariciones se dieron en el transcurso de diferentes operativos de contrainsurgencia durante el conflicto armado en El Salvador y no constituyeron hechos aislados, ya que se insertan en el patrón sistemático estatal de desapariciones forzadas de niñas y niños, que se verificó durante el mencionado conflicto armado", señaló la sentencia de la CIDH en 2014.
En ese mismo fallo la Corte ordenó al Estado salvadoreño efectuar una búsqueda "seria" para determinar el paradero de la niña y los niños y adoptar las medidas necesarias para la restitución de su identidad, en caso de ser encontrados con vida.
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