El gobierno francés quiere modificar la Constitución para poder instaurar el estado de emergencia, sin límite de duración, y para retirar la nacionalidad en caso de actos de terrorismo, según un proyecto de ley obtenido por la AFP.
Fuentes gubernamentales habían indicado en un primer momento que la reforma preveía alargar el estado de emergencia por un periodo máximo de seis meses, una medida que no aparece en el proyecto de ley.
Esta semana se presentó un anteproyecto de ley ante el Consejo de Estado sobre la revisión de la Constitución mencionada por el presidente François Hollande después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre en París.
Hollande decretó el estado de emergencia la noche de los ataques y el parlamento lo prolongó tres meses, hasta el 26 de febrero. La reforma constitucional quiere instaurar un "régimen civil de crisis" para actuar "contra el terrorismo de guerra", explicó Hollande el 16 de noviembre.
El gobierno también quiere incluir en la Constitución una medida para retirar la nacionalidad francesa a los condenados por terrorismo que tengan dos nacionalidades.
Francia ya tiene una ley, muy poco utilizada, que permite retirar la nacionalidad a una persona con dos nacionalidades nacido en Francia si "se comporta de facto como un ciudadano de un país extranjero".
La Constitución prevé actualmente el estado de sitio pero no el estado de emergencia, regido por una ley adoptada en 1955 y modificada justo después de los atentados. El estado de emergencia se usó durante la guerra de Argelia, en Nueva Caledonia en 1984 y durante los disturbios en las periferias urbanas en 2005.
El estado de urgencia permite a las autoridades "prohibir la circulación de personas o de vehículos" e instaurar "zonas de protección o de seguridad donde está regulada la presencia de personas".
Desde el 13 de noviembre se han llevado a cabo, en virtud del estado de emergencia, más de 2.000 registros sin autorización de un juez y se han decretado más de 300 arrestos domiciliarios.
Una reforma constitucional propuesta por el presidente de la República necesita el voto favorable de tres quintas partes del parlamento o bien un referéndum, una opción que el gobierno descarta por el momento.
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