El gobierno chileno de Michelle Bachelet se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a no aplicar la ley antiterrorista a los indígenas mapuches, una de las recomendaciones que varios Estados le pidieron.
La embajadora de Chile en Ginebra, Marta Maurás, anunció "el compromiso del Gobierno a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social", y reveló que dicha ley "está siendo sometida a estudio con miras a una revisión a la luz de los estándares internacionales".
Estados Unidos, Alemania y Cuba le habían pedido a Chile que se abstuviera de aplicar las medidas de excepción contempladas en la Ley Antiterrorista a mapuches en el contexto de conflictos interculturales, entre ellos los litigios relativos a tierras.
"La Ley Antiterrorista criminaliza la lucha mapuche y otorga poderes extraordinarios a la policía que se expresa con violencia contra comunidades que luchan por la restitución de sus tierras o que se oponen a proyectos de infraestructuras que afectan el medio ambiente", afirmó Reynaldo Mariqueo, de la ONG Comisión Mapuche de Derechos Humanos, quien intervino en el debate.
En enero pasado, Chile se sometió ante el Consejo de Derechos Humanos a un Examen Periódico Universal, la revisión global de derechos y libertades que todos los Estados miembros de la ONU deben efectuar cada cuatro años.
De las 185 recomendaciones que realizaron los 84 estados miembros, Chile "ha resuelto aceptar un total de 180 recomendaciones dado que comparte sus propósitos", señaló en un documento oficial el gobierno chileno.
La respuesta del gobierno de Bachelet -quien antes de volver a la presidencia encabezó ONU-Mujeres-, representa un giro en la posición de Chile.
El anterior gobierno encabezado por el derechista Sebastián Piñera había resuelto aceptar 142 de las 185 recomendaciones presentadas.
Sin embargo, a meses de asumir, el nuevo ejecutivo de centroizquierda rectificó la posición del país y la adecuó a "los compromisos y prioridades del actual programa de gobierno", mediante una corrección enviada al Consejo por la cancillería chilena, que será incluida en el informe final en dos meses más.
En esta revisión, Chile aceptó todas las recomendaciones relacionadas con la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Se comprometió a "adoptar medidas para que la Ley Antiterrorista no menoscabe los derechos de los pueblos indígenas (...)", como pidió Cuba, y a "abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas de la comunidad mapuche en el contexto de conflictos interculturales, y avivar el diálogo político sobre las cuestiones indígenas", petición de Estados Unidos.
También aseguró que velará por los derechos de los indígenas mediante su participación "en los procesos de adopción de decisiones que afectan sus derechos humanos", como pidió Alemania.
Por otro lado, Chile rechazó las recomendaciones del Vaticano relativas al aborto, las sugerencias de protección de identidad de la familia entre un hombre y una mujer, y la recomendación de Bolivia de velar por los derechos humanos de los bolivianos que van y regresan del territorio chileno, que según el gobierno, están protegidos.
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