El gobierno español debe aprobar este viernes una restrictiva reforma de la ley del aborto duramente criticada por la oposición y grupos feministas que denuncian un retroceso a los años ochenta, cuando las mujeres iban al extranjero para interrumpir el embarazo.
La modificación de esta ley, que se presentará y previsiblemente aprobará en el Consejo de ministros de este viernes, fue una promesa de la campaña del conservador Mariano Rajoy, elegido presidente del gobierno en 2011, pero fue aplazada en varias oportunidades.
Aunque el ejecutivo no ha mostrado ningún borrador, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a evocar la posibilidad de ilegalizar el aborto incluso en casos de malformación del feto.
Los adversarios de la reforma de la ley prometieron mantenerse movilizados pese a las fiestas navideñas, dado que el proyecto debería ser aprobado fácilmente en el Parlamento, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy cuenta con la mayoría absoluta.
En 2010, el gobierno socialista español reformó la ley del aborto de 1985, ampliando de 14 a 22 semanas el plazo legal para recurrir a una interrupción del embarazo en caso de malformación del feto o de peligro para la salud de la madre.
La ampliación de los plazos para abortar y la legalización del matrimonio homosexual fueron dos medidas emblemáticas de la gestión del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aunque muy criticadas por los conservadores.
"No desandar 30 años"
La vicesecretaria general del Partido Socialista (PSOE), Elena Valenciano, convocó un comité de urgencia de la dirección de esa formación para este mismo viernes y llamó a "no desandar 30 años" y a "no a resignarse" ni dejarse intimidar por la ofensiva conservadora.
La dirigente acusó a Rajoy de haber "cedido" al "ala dura de su partido y a la Conferencia Episcopal".
La posible aprobación del proyecto ha reavivado en los últimos días las discusiones en el Congreso, donde los diputados de izquierda signaron este martes un "pacto por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" surgido de un colectivo de 200 asociaciones de mujeres, llamando a las diputadas del PP a unirse.
En el foco de las críticas, Gallardón respondió que la reforma reestablecerá la necesidad de una autorización parental para las menores que quieran abortar como había prometido Rajoy.
Además, señaló que "la ley que apruebe el PP jamás establecerá a la mujer un reproche penal porque siempre es víctima del aborto y nunca será culpable", algo que no contemplaba la ley de 1985.
Antes de la reforma socialista de 2010, el aborto, permitido en casi todos los países de Europa, era punible con la prisión salvo en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la madre.
Sobre este argumento del riesgo psicológico de la madre se practicaban la mayoría de abortos en España.
En julio de 2012, Gallardón abrió la posibilidad de prohibir el aborto en caso de malformación del feto.
En abril defendió que el riesgo para la salud de la madre no puede ser un pretexto para no proteger la vida de un recién nacido.
Resumiendo las quejas de los partidarios del derecho a abortar, el presidente de la Federación de Planificación Familiar, Luis Enrique Sánchez, definió la reforma como "una vuelta a una situación como en los años 80, de mujeres españolas que van a Inglaterra y Francia" para abortar si tienen el poder adquisitivo suficiente.
El resto "irá a algún sitio clandestino", advirtió Salim Chami, ginecólogo de la clínica madrileña Isadora.
Sin embargo, la sociedad española parece divida en esta cuestión. Según un sondeo de Metroscopia publicado en mayo por el diario El País, un 46% de los españoles defendían la ley de 2010 y un 41% eran partidarios de restringir el aborto.
Durante el consejo de ministros están convocadas dos manifestaciones en frente de la sede del Gobierno, una a favor de la ley y otra en contra.
"El gobierno debe cumplir su promesa" repite desde hace meses la organización HazteOír en numerosas manifestaciones defendiendo "el aborto cero".
En total, en España, en 2011, se llevaron a cabo 118.359 abortos, lo que supuso un alza de 113.031 respecto al año anterior, según el ministerio de Sanidad español.
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