El Gobierno de Nicaragua intimidó y expulsó hoy a las madres de los presos políticos que preguntaban por sus hijos en Managua, y la crisis sociopolítica que ha causado la muerte de entre 277 y 351 personas en tres meses, se agudizó.
Al menos una treintena de madres fueron expulsadas por cientos de agentes, que las intimidaron frente a las oficinas policiales conocidas como "El Chipote", donde se encuentra un centro de detención en el que se practican torturas, según organismos humanitarios.
"Policías y grupos de choque comenzaron a ir al Chipote en patrullas, entonces las madres y familiares comenzaron a evacuar a pie, para evitar que les hicieran daño, ahora están en un lugar seguro", confirmó a Efe la líder opositora Ana Margarita Vigil.
Los presos políticos son personas que fueron detenidas por policías y encapuchados fuertemente armados, en manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, quien llama "terroristas" a quienes se oponen a su Gobierno.
Horas después de la embestida, una multitud compuesta por trabajadores del Estado marchó en una calle vecina, para exigir "justicia y reparación para las familias que han sufrido acciones criminales del terrorismo golpista en su intento por derrocar" al presidente Daniel Ortega.
"Es el colmo de la crueldad'", señaló el excomandante de la revolución nicaragüense, exministro de Economía y disidente sandinista Luis Carrión en sus redes sociales.
La rudeza del Gobierno no desalentó a los nicaragüenses, quienes realizaron una nueva manifestación en algunas de las principales calles de Managua, para exigir que cese la represión y la violencia ejercida por Ortega.
Bajo el lema "Sólo el pueblo salva al pueblo, ¡de que se van, se van!" y "Masaya florecerás", los nicaragüenses gritaron al unísono "es un delincuente este presidente" a su llegada al final de la manifestación, que tuvo lugar en una simbólica rotonda, donde se mantienen algunas cruces y fotos de los caídos durante las protestas.
"El aumento de la represión y la política del miedo de Ortega, hacen que mucha gente no se atreva a salir de sus casas, dijo a Efe una joven estudiante con pseudónimo "Gina", sobre la menor asistencia que anteriores manifestaciones.
La mujer señaló que "las amenazas del Gobierno, las desapariciones, las muertes y toda la violencia generada" por parte del Ejecutivo sembraron el "pánico" en una parte de la ciudadanía, pero "será algo momentáneo" porque "los nicaragüenses son gente valiente y volverán a salir en masa a exigir la libertad de una nación noble que no se merece lo que está viviendo".
Entre los nuevos actos de violencia atribuidos a la política de Ortega están la desaparición de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Valeska Sandoval, otra profanación a un templo católico, esta vez en el departamento (provincia) de Jinotega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones de los Derechos Humanos.
La CIDH ha denunciado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Naciones como Estados Unidos, Países Bajos y Luxemburgo han anunciado recortes en la cooperación, con base en la represión causada por Ortega sobre la población nicaragüense.
Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
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