El nieto de la fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sustraído a su madre prisionera durante la última dictadura poco después de nacer, fue identificado, informó el martes la líder humanitaria.
"Gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería era no morirme sin poder abrazarlo y pronto lo voy a poder abrazar", dijo Estela Barnes de Carlotto, de 83 años, en conferencia de prensa en la sede de la organización. "Es un artista y un chico bueno, y él me buscó".
Agregó que su hija Laura Carlotto, la madre del joven acribillada por los militares dos meses después de dar a luz, "debe estar diciendo `mamá ganaste, ganaste una batalla larga"'.
Unas horas antes su hijo Guido Carlotto, secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, había dicho al canal de cable Todo Noticias que "este chico se presentó voluntariamente porque tenía dudas de su identidad. El análisis de sangre dio 99,9 por ciento de compatibilidad" con la familia.
El funcionario dijo que el joven, cuya identidad no trascendió, "sabía que no era hijo del matrimonio con el que vivía y empezó a hacer esta búsqueda".
Agregó que tras conocer que es nieto de la titular de Abuelas, "lo ha tomado muy bien" pero que "tiene que tomar decisiones en algunas cuestiones. Nos ha pedido tiempo para preservarse".
De Carlotto explicó que no tiene los detalles de cómo fue a parar su nieto con la familia que lo crio. "La historia completa no la tenemos, no la sabemos, la vamos a armar... vamos a ser cautelosos".
La noticia tuvo gran impacto en Argentina donde De Carlotto es considerada un emblema de la lucha por la búsqueda de verdad y justicia de los crímenes cometidos durante una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, que según organismos de derechos humanos hizo desaparecer a 30.000 personas entre 1976 y 1983.
Laura Carlotto -que militaba en la juventud universitaria peronista- fue detenida en noviembre de 1977 cuando estaba embarazada de pocas semanas junto con su compañero y padre del bebé. Él fue asesinado primero y ella en agosto de 1978 por orden de las autoridades militares, dos meses después de dar a luz a un varón.
Guido, que es como Laura quiso llamar a su hijo y así se lo hizo saber a su madre a través de una intermediaria mientras estaba detenida, tiene 36 años. Según su tío, el joven es músico y reside en Olavarría, localidad ubicada a 353 kilómetros al sureste de Buenos Aires.
"Como se lo manifesté telefónicamente a nuestra querida Estela de Carlotto, vivo con emoción y profunda alegría la aparición de su nieto", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli en su cuenta de Twitter. "Cada nieto que recuperamos es una identidad que se restablece, una familia que se reencuentra y un logro de la lucha por los derechos humanos", agregó.
Tal como pudo reconstruir De Carlotto de los testimonios de distintos detenidos, el bebé fue arrebatado de los brazos de la madre pocas horas después de nacer presumiblemente el 26 de junio de 1978 en el hospital militar de la ciudad de Buenos Aires.
Laura fue asesinada de un disparo en el cráneo y otro en el vientre para intentar borrar las huellas de su embarazo. Su cuerpo fue entregado a sus padres, algo muy inusual en la dictadura.
De Carlotto manifestó en varias ocasiones que no iba a claudicar en su lucha por encontrar a su nieto. En un juicio en 2004 declaró que "quizás habrán pensado los asesinos (de mi hija) que yo iba a quedarme llorando en mi casa, pero tuve más fuerzas para seguir, sobre todo para buscar a ese chiquito que no sabía dónde estaba, que quería y que tenía la ilusión como las demás abuelas de encontrarlo rápidamente".
Abuelas de Plaza de Mayo busca desde 1977 a los niños nacidos en cautiverio y robados a sus padres detenidos ilegalmente durante el régimen de facto. Hasta ahora han recuperado a más de un centenar de nietos.
La hija de Carlotto estuvo detenida en el centro clandestino de detención La Cacha, en las afueras de La Plata, 70 kilómetros al sur de Buenos Aires. Dio a luz en el hospital militar central de Buenos Aires y en agosto de 1978 la policía entregó a los Carlotto su cuerpo acribillado. Su madre ha dicho que se sintió una privilegiada por haber podido velar y enterrar a su hija, a diferencia de la gran mayoría de las madres de los miles de desaparecidos.
Según la justicia, en los centros clandestinos de detención y tortura donde eran alojadas las militantes políticas secuestradas funcionaban maternidades. Allí las embarazadas recibían un trato especial hasta dar a luz, pero rápidamente eran separadas de sus bebés.
La mayoría de estas mujeres luego eran asesinadas y sus hijos entregados a familias afines al régimen, que los inscribían como propios con la complicidad de funcionarios judiciales.
Los exmiembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad mantienen silencio sobre la cifra y el lugar donde están enterradas las víctimas de la represión, así como el destino de cientos de niños robados.
Según las Abuelas, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres.
A raíz de la muerte de su hija y el robo de su nieto De Carlotto pasó de ser una directora de escuela con poco interés en la política a una activista empeñada en encontrar a los niños que fueron botín de guerra de los represores.
Las Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron la creación en la década de los ochenta de un banco de datos genéticos que ha permitido que esos hoy jóvenes sustraídos por los asesinos de sus padres recuperen su identidad.
En julio de 2012 el dictador Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión por la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños, un delito que no se registró en otros regímenes de facto de América Latina.
La sentencia fue dictada por un tribunal oral de la ciudad de Buenos Aires que desde febrero de 2011 llevaba adelante un juicio contra Videla, el expresidente de facto Reynaldo Bignone y otros nueve acusados por el robo de bebés nacidos de mujeres cautivas. Bignone cumple una pena de 15 años de prisión. Videla falleció en mayo de 2013.
Según cifras oficiales durante la dictadura desaparecieron unas 13.000 personas, en su mayoría obreros, militantes políticos, estudiantes y miembros de organizaciones armadas. Pero los organismos de derechos humanos aseguran la cifra asciende a 30.000.
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