Juez cita a vicepresidente argentino a indagatoria

Un juez citó el viernes a indagatoria al vicepresidente argentino Amado Boudou en una causa en la que está imputado por presunto tráfico de influencias para que la empresa encargada de imprimir papel moneda levantara su quiebra y quedara bajo su control.
   
La citación del juez federal Ariel Lijo deja al vicepresidente en su peor momento ante la justicia, que lo ha venido investigando desde 2012 a raíz de una investigación periodística.
  
El juez federal informó en una resolución difundida por el Centro de Información Judicial que cuenta con elementos suficientes para indagar a Boudou, que fue citado para el 15 de julio. Después de interrogar al funcionario, el juez tiene un plazo para decidir si lo procesa por considerar que incurrió en un delito, lo sobresee por considerar que no lo hizo o le dicta la falta de mérito al entender que no hay pruebas suficientes para inculparlo o sobreseerlo.
   
Boudou fue acusado por un fiscal de haberse aprovechado de su condición de funcionario público cuando era ministro de Economía en 2010 para que la imprenta Ciccone Calcográfica levantara su quiebra y quedara después bajo control del ahora vicepresidente y un socio con el fin de lograr beneficiosos contratos con el Estado.
   
"Juro, sostengo y voy a demostrar que no cometí hechos de corrupción", afirmó el vicepresidente después de que se conociera la decisión del magistrado. El funcionario agregó en declaraciones radiales que "de ninguna manera" va a renunciar o pedir licencia.
   
"Siento mucha tranquilidad... es una instancia importante porque voy a probar mi inocencia", sostuvo Boudou.
   
Boudou, el funcionario con peor imagen según las encuestas, recordó además que en febrero ya se había presentado voluntariamente ante Lijo para sostener su inocencia.
   
Opositores instaron a Boudou a que renuncie a su cargo. El vicepresidente es el segundo en la línea sucesoria después de la mandataria Cristina Fernández y queda a cargo del Poder Ejecutivo cuando ella se ausenta.
   
El jefe de gabinete Jorge Capitanich señaló a radio La Red la "rara coincidencia" de que la indagatoria a Boudou "es precisamente el 15 de julio cuando Argentina fue invitada por Rusia para integrar la reunión del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)", un encuentro que consideró muy importante "desde el punto de vista geopolítico" y que quedaría en segundo plano.

Al respecto, Capitanich señaló que "uno siempre tiene que conectar ciertas decisiones con sus respectivos mecanismos de impacto en la opinión pública".

No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones desde la restauración de la democracia en 1983, afirmaron abogados constitucionalistas.

El juez dispuso que en los días siguientes al 15 de julio deberán declarar también como imputados José María Núñez Carmona, supuesto socio y amigo del vicepresidente; el exjefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos -el ente recaudador de impuestos- Rafael Resnick Brenner; el empresario Alejandro Vandenbroele, quien quedó al frente de la imprenta recuperada; Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de esa empresa y el yerno de éste, Guillermo Reinwick.

Según la resolución del magistrado "Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".

Agregó que Núñez Carmona y Boudou, aprovechando su condición de funcionario, habrían acordado con Nicolás Ciccone y su hermano, Héctor Ciccone -fallecido en 2012- así como con Reinwick, "la cesión del 70%" de la imprenta "a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la administración pública".

El entonces ministro de Economía "habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición" de la firma y "junto a Resnick Brenner en el trámite de un plan de pagos ilegal" en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Asimismo, habría intervenido "a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional".

El delito que el fiscal imputa a Boudou está castigado con una pena de uno a seis años e inhabilitación perpetua.