La historia ha sido larga y tormentosa. Y no acaba todavía, es como un reportaje de mucho aliento, por capítulos. El primero se abrió el 26 de marzo de este año en la frontera entre Ecuador y Colombia, y el viernes pasado, en la noche, se cerró otro en Cali.
El resumen, entonces, más o menos es así. El periodista Javier Ortega, 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, 45 años, y el conductor Efraín Segarra, 60 años, del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, fueron secuestrados por un grupo disidente de las Farc el 26 de marzo, en una zona rural de la parroquia de Mataje, provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a donde habían llegado para reportear la inseguridad creciente en la zona.
Días después, el 13 de abril, el grupo disidente de las Farc, autodenominado ‘Frente Oliver Sinisterra’ y que lidera un hombre de nombre Walter Patricio Arizala, alias Guacho, autor del secuestro, los asesinó, según confirmó en su momento el propio presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. Y ratificado luego por el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos.
De ahí, entonces, la espera para saber de los cuerpos, en especial para los familiares, fue larga: dos meses y dieciocho días. La angustia, en parte, terminó casi a las 10:00 p.m. del viernes pasado, cuando el Ministerio de Defensa publicó en la red social Twitter: Policía Colombia y Medicina Legal “informan que cartas dentales dan más certeza sobre las identidades de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos encontrados, al 99 %. Pero se adelantarán también las respectivas pruebas de ADN”.
Sin embargo, esa otra angustia comenzó el jueves, cuando el presidente Santos publicó, también en Twitter: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”.
Y entonces una travesía con los cuerpos, hallados el jueves en una zona selvática del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. El lugar donde fueron enterrados los cuatro cadáveres (uno sería de un importante miembro del grupo de ‘Guacho’), estaba totalmente minado.
El viernes, los cadáveres llegaron primero al Aeropuerto de Tumaco, luego fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle, y finalmente llevados a la sede de Medicina Legal de Cali, ubicada en el barrio San Fernando, donde se realiza el trabajo de identificación que, aparte de las cartas dentales, implica pruebas de ADN, inspección ocular de las prendas de vestir y cotejamiento de huellas, y cuyo dictamen final se podría saber a inicios de la semana que comienza.
Y también una travesía para los familiares, que llegaron a Cali el viernes desde Quito, y han seguido para arriba y para abajo los cuerpos. El grupo es de diez personas, más un abogado. Han dado declaraciones en todas partes y aguardado en Medicina legal hasta altas horas de la noche. Una larga y tormentosa espera, como la historia de sus seres queridos.
Incluso, este sábado, muy cansados, convocaron a una nueva rueda de prensa en un hotel para insistir y protestar por el manejo de la información en la identificación de los cadáveres.
Ahí, y con un documento en mano, dijeron, entre otros puntos: “... Hemos insistido desde el inicio de esta pesadilla que es fundamental que las familias tengan acceso prioritario a la información, esto ha sido transmitido a las autoridades colombianas y dicho compromiso ha sido desconocido sin ningún miramiento sobre el impacto que tiene sobre nuestro dolor, sobre nuestras familias y sobre el derecho a la información que le asiste a la sociedad ecuatoriana.
Transcurren horas trascendentales, más no concluyentes, sobre el caso que nos convoca. Lamentamos que el Gobierno colombiano prefiera figurar públicamente aunque eso signifique alterar los protocolos de intercambio de información...
A las sociedades ecuatoriana y colombiana, les pedimos solidaridad y sumarse a este llamado desde el duelo de los familiares. Este atropello, falta de sensibilidad y de humanidad no puede permitirse.
Los hechos de las últimas horas sientan un precedente de falta de seriedad para el tratamiento de este caso y siembran sospechas alrededor del ocultamiento de información a los familiares.
En estas condiciones se afecta la confianza sobre el resto de acciones que realizó y realiza el Estado colombiano para la investigación. Nos preocupa que los compromisos de palabra que las más altas autoridades del país han asumido en múltiples ocasiones sigan perdiendo su valor”.
Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, este sábado exclamó: “Esto no le pone un fin a esta historia, no es un punto final, no se ha acabado este capítulo amargo en la historia de Ecuador y de Colombia, más bien es el inicio de un camino hacia la verdad y la justicia, y a que se establezcan responsabilidades en todos los niveles”. La historia sigue.
Hablan la SIP y la FLIP
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, informó que un grupo especial dará seguimiento al asesinato de los periodistas en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se mostró crítica con la gestión que hizo el presidente Santos al dar la noticia antes de hablar con las familias de las víctimas.
”Pedimos que la información, antes de ser ventilada en medios de comunicación, sea entregada a las familias de las víctimas”, dijo la FLIP en un documento.
Buscan a ‘Guacho’
Las autoridades siguen tras la pista de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, disidente de las Farc que opera en la frontera entre Colombia y Ecuador, precisamente en la zona donde secuestró y asesinó al equipo periodístico del diario El Comercio.
La ofensiva es encabezada por unos diez mil hombres del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, desde enero pasado y ya arrojó resultados contundentes y el más reciente fue la captura de un hermano de ‘Guacho’.
También le han incautado abundante material de guerra y droga que pensaba mandar a diferentes países.
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