La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, acusó hoy al Gobierno de Estados Unidos de utilizar doble rasero a la hora de abordar las protestas prodemocráticas acontecidas durante el último año en la ciudad asiática y las actuales manifestaciones contra el racismo en suelo estadounidense.
“Vemos ahora cómo las autoridades locales están manejando las revueltas en EE.UU., en comparación con la posición que adoptaron el año pasado cuando se produjeron casi las mismas revueltas en Hong Kong”, aseguró hoy Lam durante su rueda de prensa semanal.
La polémica líder hongkonesa hizo extensible esta acusación a otros gobiernos extranjeros, aunque no dio nombres: “Están muy preocupados por su propia seguridad nacional, pero sobre nuestra seguridad nacional... la ven a través de cristales ahumados”.
Este lunes, Estados Unidos seguía sumido en protestas y disturbios, pese a los toques de queda declarados en las principales ciudades, cuando se ha cumplido una semana de la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció a consecuencia del brutal tratamiento dispensado por un policía blanco en la ciudad estadounidense de Mineápolis.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con reprimir a tiros los saqueos derivados de algunas protestas, y la semana pasada ordenó empezar un proceso para finiquitar el estatus comercial preferente de que goza Hong Kong.
A este respecto, Lam opinó que no beneficiaría a ninguna de las partes y, más bien, perjudicaría a ambos.
Esta última decisión de Trump es una respuesta a la aprobación, por parte del Legislativo chino el pasado jueves, de una controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong que pretende, de manera muy amplia, erradicar cualquier resquicio de “injerencia extranjera” en la excolonia británica y que fue respaldada el pasado jueves por el Legislativo chino.
La ley podría permitir a las fuerzas de seguridad chinas operar libremente en Hong Kong y llevar a cabo técnicas de represión como las practicadas habitualmente en la China continental.
Según abogados y activistas locales, la legislación podría cercenar las libertades de las que goza la ciudad semiautónoma.
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