La justicia argentina abrió el martes una investigación al presidente argentino Mauricio Macri, acusado de presunto perjuicio al Estado por arreglar una deuda de la empresa de su familia, en un caso convertido en escándalo por sospechas de una falta de ética pública.
La imputación a Macri fue presentada por el fiscal Juan Pedro Zoni, ante el juez Ariel Lijo. Se basa en el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), Gabriela Boquín, quien dijo que el acuerdo con el poderoso Grupo Macri es "ruinoso", "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación del 98% de la deuda".
Zoni inicia una investigación para "corroborar la existencia de conductas delictivas", según el texto difundido a la prensa, en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino. Los Macri tuvieron en concesión el Correo desde 1997 hasta 2003 cuando fue reestatizado.
El gobierno había reclamado más temprano a la justicia tomar en forma "urgente" el caso al considerar que no hay delito alguno. Negó que haya conflicto de intereses como sostiene una ola de denuncias políticas por supuesta corrupción.
La conmoción estalló hace 7 días al revelar la fiscal Boquín un desconocido acuerdo firmado en junio de 2016. La deuda era de 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).
El pacto, según la fiscal, omite actualizar el monto pese a que la inflación desde entonces fue de 700%. Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco local.
La fiscal dijo que hubo "manifiesta mala fe" porque el Grupo Macri se presentó antes en la justicia para cobrarle al Estado una deuda por el equivalente a 150 millones de dólares. Pidió un interés del 11%. La oposición puso el grito en el cielo porque el Grupo Macri saldría ganando dinero por la diferencia entre ambos acuerdos.
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