Maduro rechaza la ley de vivienda aprobada por la oposición

El presidente Nicolás Maduro rechazó el miércoles la ley de vivienda que aprobó la mayoría opositora del Congreso, y anunció que la enviará al Tribunal Supremo de Justicia para que la declare "inconstitucional".

"Hoy entregué un documento al Tribunal Supremo de Justicia en donde impugno y solicito se declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Asamblea Nacional... que pretende acabar con la Gran Misión Vivienda Venezuela", dijo el mandatario en alusión a un amplio programa estatal que emprendió hace unos años el fallecido presidente Hugo Chávez para facilitar viviendas y apartamentos subsidiados a los sectores pobres mayoritarios del país.

Maduro rechazó la ley promovida por la oposición, bajo el argumento de que busca acabar con el programa de viviendas que impulsó Chávez.

"Hoy lo entregué al Tribunal Supremo y espero por sus deliberaciones y sus decisiones", indicó el mandatario en un acto con organizaciones de base y simpatizantes del oficialismo.

Maduro dice repetidamente que él advirtió oportunamente que la oposición, de ganar los comicios legislativos de diciembre pasado _ tal como ocurrió por mayoría abrumadora_, buscaría poner fin a una serie de programas sociales que incluyen la capacitación laboral, electrodomésticos y ayuda en efectivo para madres solteras, entre otros.

El 13 de abril pasado, la mayoría opositora del Congreso aprobó la llamada "Ley de Otorgamiento de Títulos a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela", que le da el derecho a la propiedad a los favorecidos de los programas de las viviendas estatales.

Líderes opositores, entre ellos el diputado Julio Borges, consideran necesaria esa legislación, pues alegan que "la posesión del título de propiedad de su vivienda es un derecho de todos. Con la ley nos estamos asegurando que un venezolano no pueda ser desalojado por pensar distinto y que nadie pueda usar la amenaza de quitarle su casa para asegurar lealtades con fines políticos".

Desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia _cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas_, se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al revertir numerosas leyes aprobadas por la legislatura actual, así como limitar sus competencias, en un abierto enfrentamiento entre poderes.