Un grupo de jóvenes manifestantes causó destrozos este lunes en las instalaciones de la fiscalía de Guerrero, sur de México, a pocos días del primer aniversario de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa.
"No habrá tolerancia a quienes se escuden en demandas para vandalizar", reaccionó el fiscal estatal, Miguel Ángel Godínez, al explicar en conferencia de prensa que abrió una investigación por estos hechos.
Manifestantes, compañeros y familiares de los jóvenes desaparecidos llegaron a la sede de la fiscalía en Chilpancingo, capital de Guerrero, para realizar una protesta en la que colocaron fotografías de los estudiantes en los ventanales de la dependencia.
Después, personas enmascaradas irrumpieron en las oficinas de la dependencia y "destrozaron puertas, ventanas, mobiliario, papelería oficial y equipo de cómputo", indica un comunicado de la propia fiscalía.
Poco antes, personas con el rostro cubierto quemaron las casetas de vigilancia y realizaron pintadas a vehículos, precisó la institución.
"Las protestas de hoy son para demandar la presentación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre porque el gobierno no ha resuelto esta, que es la principal demanda del movimiento", dijo a la prensa Vidulfo Rosales Sierra, abogado de familiares de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa.
Los chicos desparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 después de haber sido atacados por policías de la ciudad de Iguala (Guerrero), en un caso que desató una ola de indignación dentro y fuera de México.
Los familiares de los estudiantes y sus simpatizantes han anunciado que intensificarán sus movilizaciones esta semana.
El miércoles se espera que los padres inicien una huelga de hambre de 48 horas en el centro de Ciudad de México y, el sábado, encabezarán una gran movilización coincidiendo con el aniversario de los hechos.
El jueves los padres serán recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, duramente criticado por este caso y quien se había reunido con ellos en octubre.
Según la fiscalía general, los estudiantes fueron atacados por policías locales coludidos con criminales en Iguala, cuando tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas.
Los policías habrían entregado los 43 estudiantes a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival para luego incinerar los cadáveres en un basurero, siempre según las autoridades.
Sin embargo, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe que desmorona la versión oficial, diciendo que no hay evidencia científica de que fueran incinerados en el basurero.
Hasta el momento sólo se han identificado con ADN los restos de un joven y el miércoles la fiscalía anunció que "existen indicios" para la posible identificación de un segundo.
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