Brasil y Alemania, cuyos gobernantes presuntamente han sido blancos del espionaje estadounidense, pidieron el viernes a la Asamblea General de la ONU que apruebe una resolución que exhorte a todos los países a proteger el derecho a la intimidad bajo la ley internacional.
El proyecto de resolución conjunto presentado al comité de derechos humanos de la asamblea señala que el veloz desarrollo de la tecnología mejora la información y las comunicaciones para la gente en todo el mundo, pero a la vez eleva la capacidad de "vigilancia, intercepción y recolección de datos, lo que puede violar los derechos humanos".
El documento destaca que la vigilancia ilegal y la intercepción de las comunicaciones, así como la recolección ilícita de datos personales, "constituyen un acto de intromisión profunda que viola el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, y puede amenazar los cimientos de una sociedad democrática".
Una serie de denuncias de espionaje estadounidense a gobernantes de otros países, como la presidenta brasileña Dilma Roussef y la canciller alemana Angela Merkel, han provocado sorpresa e indignación entre los aliados de Washington.
Rousseff canceló una visita de estado a Washington cuando documentos secretos filtrados a la prensa por el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden revelaron que la NSA había entrado furtivamente en la red informática de la empresa estatal brasileña Petrobrás y recogido información de correos electrónicos y conversaciones telefónicas en todo el país.
Merkel y otros gobernantes europeos expresaron su indignación al conocerse que la NSA presuntamente escuchó conversaciones del teléfono celular de Merkel y recogió millones de mensajes telefónicos en Francia.
Las resoluciones de la Asamblea General, aunque no son vinculantes, reflejan la opinión mundial y tienen peso moral y político.
El comité de derechos humanos previsiblemente discutirá el proyecto de resolución la semana próxima y lo someterá a votación a fines de noviembre. De ser aprobado por el comité, es casi seguro que la Asamblea General de 193 miembros adopte el proyecto en diciembre.
El proyecto "afirma que los mismos derechos que tiene la gente fuera de internet también deben ser protegidos online, en particular el derecho a la intimidad", y exhorta a los miembros a defender esos derechos.
Si bien la seguridad pública "puede justificar la recolección y protección de cierta información confidencial", los Estados deben asegurarse de no violar el derecho internacional en materia de derechos humanos, sostiene el documento.
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