Panamá mantiene el proceso judicial a los 35 tripulantes del mercante norcoreano investigado por transportar armas cubanas sin declarar y los marinos permanecerán detenidos hasta que se resuelva un recurso de garantía presentado a su favor ante la Corte Suprema de Justicia, dijo el miércoles el fiscal a cargo del caso.
“El proceso contra la tripulación sigue su curso”, señaló vía telefónica a The Associated Press el fiscal de drogas del Ministerio Público, Javier Caraballo. Mencionó que la Corte Suprema de Justicia -el máximo tribunal del país- no ha resuelto un recurso de hábeas corpus presentado la semana pasada por un abogado local con el que se busca determinar si la detención de los tripulantes fue legal o no.
La situación jurídica y futuro de los marinos norcoreanos levanta insistentes interrogantes y especulaciones, particularmente cuando expertos de las Naciones Unidas que velan por las sanciones a Corea del Norte realizan una visita a Panamá esta semana para investigar el caso.
Poco después de la retención del buque a mediados de julio, el Ministerio Público formuló cargos a la tripulación por el supuesto delito de atentar contra la seguridad colectiva del Estado por intentar transportar material bélico peligroso de origen cubano y sin declarar por el Canal de Panamá.
Esa acusación criminal no ha sido levantada por el Ministerio Público, afirmó el fiscal ante una consulta sobre versiones periodísticas de que el gobierno liberaría a los marinos en cuestión de semanas.
En el caso de que la Corte falle favorablemente, los marinos quedan en libertad y pueden salir del país, dijo a la AP Julio Berríos, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Panamá.
Berríos cuestionó la detención de los norcoreanos y sostuvo que “no hay ninguna razón para encausar criminalmente” a la tripulación. Argumentó que no cabe lo de atentar colectivamente porque los pertrechos militares son obsoletos -según lo que dice el gobierno cubano- y que los marinos probablemente desconocían lo que iba dentro de los contenedores. La tripulación se ha negado a dar declaraciones, según el Ministerio Público.
Las autoridades de seguridad panameñas abordaron el Chong Chon Wang el 10 de julio cuando enfilaba al canal por el Atlántico ante sospechas de que transportaba drogas; pero descubrieron contenedores ocultos por toneladas de azúcar cruda con el material militar. La Habana informó tras la retención del buque que había salido de un puerto de la isla con toneladas de azúcar y equipo defensivo para reparación como parte de un convenio con Corea del Norte.
Panamá consideró que esa carga militar debió haber sido declarada antes del paso por el canal y la ONU elogió a este país por actuar rápidamente e informar al comité de la retención del buque.
Caraballo dijo que no podía comentar si los expertos de la ONU tenían previsto reunirse el miércoles con la tripulación, detenida en un puesto del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá en la provincia norteña de Colón. Confirmó, empero, que estaba programada una visita al barco en un puerto colonense.
Los expertos inspeccionaron el martes el material de guerra cubano descargado, el cual fue trasladado de Colón a un hangar de una antigua base aérea de los militares estadounidenses en la entrada del canal por el Océano Pacífico.
El gobierno expresó el martes que el caso representa un incidente que transgrede resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que su solución debe pasar por lo que dictamine el organismo y las leyes panameñas.
Los expertos, que no harán declaraciones durante su visita que se extiende hasta el viernes, deben dar un informe de la investigación al comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que deberá decidir si el caso violó el embargo de armas impuesto a Corea del Norte y si amerita algún castigo.
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