El Congreso de Perú aprobó una ley que prohíbe participar en las elecciones para cualquier cargo público a los condenados por terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, violación sexual, peculado y corrupción, incluso después de haber cumplido su pena.
La norma, que fue aprobada en el pleno del parlamento por 77 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, exonera a las personas que hayan sido indultadas.
La presidenta de la comisión parlamentaria de Constitución y Reglamento, la fujimorista Úrsula Letona, aseguró en la sustentación de la ley que "es vergonzoso que personas condenadas por terrorismo o apología tengan un cargo público".
"No lo permitamos. Representar a un país es un privilegio y hay que ser respetuoso de la democracia y de aquellos derechos que nos definen como sociedad. Es inaceptable que tengamos candidatos que no respeten el derecho del país", señaló.
Sin embargo, el congresista Alberto de Belaunde, del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), cuestionó que ocurrirá con aquellas personas que fueron encarceladas injustamente por terrorismo, y pidió que la iniciativa legislativa regresara a la comisión donde se originó.
La ley fue aprobada unas semanas después de que saliera en libertad la abogada Martha Huatay y la bailarina Maritza Garrido Lecca, tras haber cumplido sendas condenas de 25 años de prisión por terrorismo por sus vínculos con el grupo armado Sendero Luminoso.
El Parlamento peruano también aprobó otra ley que prohíbe las organizaciones políticas de carácter local para las elecciones regionales y municipales de 2018, en las que solo podrán participar fuerzas políticas de alcance nacional o regional.
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