La Procuraduría Anticorrupción solicitó el testimonio de los últimos tres expresidentes peruanos y de otras 72 personas en el marco de la investigación sobre el supuesto pago de millonarios sobornos que la empresa brasileña Odebrecht habría hecho a funcionarios públicos.
La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, dijo en rueda de prensa que además de las declaraciones de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala -que gobernaron Perú entre 2001 y 2016-, la Procuraduría Anticorrupción también pidió a la fiscalía que cite al dueño de la compañía, Marcelo Odebrecht, y a Jorge Barata, gerente de esa empresa en Perú.
Señaló que entre las personas a las que se requerirá declaración también hay exministros, expresidentes del Congreso, exgobernadores y exalcaldes de localidades donde la empresa brasileña desarrolló proyectos.
Las irregularidades cometidas por Odebrecht han costado a Perú alrededor de 283 millones de dólares, dijo el miércoles la Contraloría.
"De los 23 proyectos donde participó Odebrecht, con 16.940 millones de dólares involucrados, se revisaron 16 proyectos donde se comprometían 11.271 millones y, luego de las labores de control, se determinó un presunto perjuicio económico por 283 millones de dólares", dijo el contralor Edgar Alarcón en rueda de prensa.
Las autoridades peruanas han estado luchando por evaluar los daños que Odebrecht pudo haber infligido en el país andino desde que la compañía reconoció sobornos a funcionarios no identificados allí y en otros países de la región en un acuerdo récord de 3.500 millones de dólares firmado en Estados Unidos.
Odebrecht obtuvo 23 contratos públicos por valor de al menos 16.940 millones de dólares en Perú entre 1998 y 2015, de los cuales 16 han sido auditados a lo largo de los años, dijo la Contraloría.
Las autoridades investigan el supuesto pago de sobornos por 29 millones de dólares en Perú.
En diciembre ante una corte de Estados Unidos, Odebrecht y su petroquímica Braskem se declararon culpables de pagar sobornos en 10 países de Latinoamérica y dos de África luego de una investigación en Brasil de una gran red de corrupción.
El gobierno y la fiscalía de Perú solicitaron información a Estados Unidos, Brasil y Suiza por los 29 millones de dólares en sobornos que Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras públicas.
El gobierno peruano anunció que la constructora brasileña no podrá participar en futuras licitaciones de obras públicas.
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