El juicio por genocidio al general Efraín Ríos Montt será reanudado en enero de 2015 porque en 2013 y 2014 ya hay programada la agenda de otros procesos, se informó el martes.
La reanudación del juicio fue fijada para el 5 de enero de 2015 por el Tribunal de Mayor Riesgo "B", que sucedió al tribunal "A", según los procedimientos judiciales guatemaltecos.
Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, confirmó que "el Tribunal nos ha notificado que por motivos de agenda durante el 2013 y 2014, donde ya se habían programado varios juicios, no se podrá reiniciar el debate, por lo que se programa para el año 2015".
Reyes representa a las víctimas que acusan de violaciones a sus derechos al ex gobernante militar.
El Tribunal además fijó para el 18 de noviembre conocer un recurso presentado por los defensores del general José Mauricio Rodríguez Sánchez, juzgado junto a Ríos Montt y absuelto de cargos, y que busca cambiar la prisión preventiva por una medida de sustitutiva.
Ríos Montt, de 87 años, fue juzgado y condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo pasado, por los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad. Sin embargo la condena fue anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad al considerar que había errores en el proceso.
La Corte de también ordenó al tribunal "A" que realizara de nuevo una parte del juicio, a lo que ese tribunal se negó por considerarlo un caso cerrado, por lo cual el caso fue entregado a otro tribunal, el "B", que ahora ha fijado la reanudación del proceso para enero de 2015.
Según la acusación del Ministerio Público, los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas ixiles, 1.400 violaciones sexuales y del desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas durante el 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, tiempo en el cual Ríos Montt era presidente de facto.
La defensa del general ha buscado mediante más de 100 recursos legales impedir que vaya a prisión por estos delitos. Actualmente aún está pendiente que los tribunales de justicia definan si puede ser amnistiado por estos crímenes, algo que ha sido rechazado por las víctimas.
Los familiares y víctimas ixiles han anunciado que esta semana solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington que admita una denuncia por denegación de justicia por la anulación de la sentencia.
Unas 200.000 personas murieron y otras 45.000 fueron desaparecidas durante los 36 años de guerra civil ocurridos en el país centroamericano entre 1960 y 1996, según dio cuenta un informe de Naciones Unidas.
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