El ministro de Defensa brasileño, Raul Jungmann, anunció que los 9.000 militares desplegados para reforzar la seguridad de Rio de Janeiro ante una huelga policial se retirarán como estaba previsto el miércoles, antes del inicio del Carnaval, al considerar que el orden está garantizado.
Los efectivos castrenses empezaron a patrullar puntos estratégicos de Rio el pasado 14 de febrero con la previsión de quedarse nueve días, que podían ser prorrogables hasta el fin del Carnaval (del 24 al 28), cuando se espera que haya más de un millón de turistas en la ciudad.
"La fiscalía militar alertó al presidente que no están dados los presupuestos ni las condiciones para la continuidad de la garantía de la ley de orden (por parte de los militares) y los datos que tenemos es que la Policía Militar y Civil de Rio funcionan normalmente", dijo Jungmann a Globo Televisión, asegurando que no había recibido ningún pedido de prórroga por parte del gobernador Luiz Fernando Pezao.
El ministro, que cifró en 26 millones de reales (8,3 millones de dólares) el coste de ese despliegue extraordinario en medio de la grave crisis económica del país, reiteró que las Fuerzas Armadas no cumplen actividades de seguridad públicas ordinarias y que la policía de Rio "está en totales capacidades y no hay descontrol ni desorden".
"La salida de las Fuerzas Armadas era una posibilidad. La Policía Militar sigue con sus planes y su compromiso con la población", publicó en Twitter el cuerpo policial de Rio, un estado quebrado y con altos índices de criminalidad.
El gobernador Pezao había hecho el pedido de refuerzo basándose en el gran aflujo de turistas -de 1,1 millones- que asisten a los desfiles en el Sambódromo y a los grupos musicales ("blocos") en las calles durante la celebración del Rey Momo.
El operativo militar, sin embargo, ha sido principalmente en zonas de la ciudad y de su entorno con menos actividades de ese tipo como la Avenida Brasil, Sao Gonçalo o Niteroi.
El operativo se dio días después de que esposas de policías militares en Rio bloquearan el acceso de algunas unidades de ese cuerpo, que depende de las autoridades de cada estado y no tiene derecho a huelga, en reclamo del pago de salarios atrasados para sus maridos.
La protesta emuló la fuerte huelga policial en el estado de Espíritu Santo (norte), que causó una ola de saqueos y asesinatos. El gobierno brasileño accedió a prorrogar la presencia militar en ese estado considerando que la situación ahí no está 100% bajo control.
Comentarios ()