El Tribunal de Cuentas de la Unión dio el miércoles un plazo de 30 días a la presidenta Dilma Rousseff para aclarar el gasto público de 2014 que supuestamente registraría irregularidades para simular un mejor manejo fiscal.
El organismo se encarga de examinar y emitir un parecer sobre la legalidad del balance público al Congreso. Sin embargo, los ocho ministros decidieron de manera unánime posponer dicho análisis hasta obtener respuestas de la mandataria.
"Las cuentas prestadas por la presidenta de la república no están está en condiciones de ser apreciadas", expresó el ministro ponente Augusto Nardes.
El reporte presentado por Nardes resaltó retrasos de gastos a varios bancos públicos que costearon programas sociales del gobierno. Según Nardes, los atrasos que calificó como maniobras fiscales permitirían aparentar un mejor balance y reducir el déficit. Especificó que las "distorsiones" suman 281.000 millones de reales, (casi 92.000 millones de dólares).
El tribunal ya investiga presuntas irregularidades que podrían comprobar violaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El manejo fiscal es una de las principales críticas que recibe Rousseff de la oposición, que ha amenazado en los últimos meses con lanzar un pedido para impugnarla por irresponsabilidad fiscal.
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Tribunal obliga a presidenta de Brasil a explicar gasto público
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