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Universitarios convocan a marchas en Venezuela

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Las marchas también servirán para conmemorar tres meses del inicio de las protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los estudiantes esperan marchar desde una plaza en el este de Caracas hasta la sede de la Nunciatura Apostólica, en el norte de la ciudad, indicó el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas, Alfredo Graffe.

La marcha opositora no cuenta con el permiso de las autoridades de la capital, lo que hace prever que la manifestación no pueda llegar a su destino y sea bloqueada por los cuerpos de seguridad, tal como ha ocurrido en los últimos meses.

Los opositores realizaron su última marcha en Caracas el 12 de febrero. Luego de la manifestación ocurrieron violentos incidentes que dejaron un saldo de tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos. A raíz de ese evento comenzaron a registrarse protestas callejeras en todo el país. 

El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, se ha negado desde febrero a otorgar permisos a los opositores para marchar en Caracas alegando que todas sus manifestaciones culminan en actos de violencia.

El movimiento estudiantil también convocó este lunes a marchas en otras ciudades del país.

Graffe afirmó que el movimiento estudiantil, que ha sido uno de los principales promotores de las protestas, no se siente satisfecho luego de tres meses de manifestaciones debido a la cantidad de muertos y detenidos que han dejado esas acciones y la persistencia de los problemas como la desbordada inflación -que alcanzó en marzo el 59% anual-, la creciente criminalidad y el desabastecimiento de bienes básicos, que fueron algunas de las motivaciones que los llevaron a salir a las calles.

Al hablar de los aspectos positivos del proceso, Graffe dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que el movimiento estudiantil logró con sus acciones despertar a los venezolanos y activar una "respuesta clara ante los abusos y desmanes del gobierno. No hay esa pasividad".

Aunque los sectores pobres, que son la mayoría del país, se han mantenido relativamente ausentes de las protestas callejeras, el dirigente sostiene que "el desgaste del gobierno de Nicolás Maduro", que se evidencia en el descenso de su popularidad, es una muestra de que el mensaje de protesta de los estudiantes llegó también a las clases populares.

El gobierno de Maduro alcanzó el mes pasado un respaldo de 37%, lo que representa un retroceso respecto de febrero cuando el mandatario tenía un apoyo de 46,8%, reveló una encuesta de la firma local Datanálisis que difundió recientemente el diario local El Universal.

El exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la estatal Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca, afirmó que el "manejo represivo" que ha dado Maduro a las protestas y la multiplicación de los problemas económicos y sociales "han agravado" la situación y han deteriorado la popularidad del gobernante, que alcanzó en abril su primer año de mandato.

"El gobierno de Maduro está muy mal, está debilitado. Tiene demasiados frentes abiertos. Tiene una cantidad de problemas sin solución... y no tiene capacidad para manejar esos problemas", dijo Salamanca a AP.

El mandatario  anunció a fines de abril los lineamientos de un nuevo plan económico que se centra en el estímulo a la producción y el combate a la inflación con la fijación de "precios justos" a algunos bienes, el incremento a las fiscalizaciones de las empresas y fuertes sanciones a los comerciantes que incurran en alzas desmedidas de precios. 

El gobierno también inicio diálogos con los empresarios para agilizar los mecanismos de entrega de divisas oficiales y las importaciones de materias primas y solventar los problemas de desabastecimiento de insumos que han afectado la producción.

Maduro ha rechazado las protestas considerándolas parte de un plan para darle un "golpe de Estado".

Los violentos incidentes han dejado 42 muertos, más de 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales más de 200 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

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