La posibilidad de llegar a un acuerdo para reanudar las obras de la ampliación del Canal de Panamá volvió a complicarse al surgir "serios desacuerdos" en un momento crítico del conflicto, informó el martes el ente que opera la vía interoceánica.
La Autoridad del Canal de Panamá dijo que a pesar de sus esfuerzos por alcanzar una solución con el consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr de España e Impregilo de Italia, "las posiciones entre las partes se mantienen distantes".
La entidad panameña informó la semana pasada que había alcanzado un acuerdo tentativo con el contratista para encontrar una salida al litigio por sobrecostos de 1.600 millones de dólares, aunque aclaró que todo dependería de la posición que asumiera la aseguradora del proyecto, Zurich American, depositaria de un bono de garantía d 450 millones.
"A pesar de que la semana pasada las partes acercaron posiciones en varios componentes de las discusiones, en el momento de estructurar por escrito esos acercamientos resaltaron serios desacuerdos", aseguró la Autoridad, sin entrar en detalles.
"La ACP (Autoridad del Canal de Panamá) considera esta semana crítica para tomar una decisión en función de que el proyecto se reinicie lo antes posible, y así se lo transmitió a los representantes del contratista" el martes, agregó.
Dijo que el miércoles continuarán las conversaciones con el grupo, que no emitió una posición el martes.
Las obras de las nuevas esclusas, el componente más caro e importante del plan de ampliación de 5.250 millones de dólares, quedaron completamente paralizadas hace 14 días.
La Autoridad del Canal reiteró su llamado al consorcio para que reanude las obras de inmediato y acepte su propuesta de que cada parte inyecte 100 millones de dólares, mientras "los otros elementos (para) un acuerdo mayor terminen de integrarse".
El administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, dijo la semana pasada que el acuerdo tentativo consistía en que cada parte inyectase ese monto y que Zurich hiciera lo propio.
En el caso de la aseguradora, las autoridades del canal sugieren que el bono de garantía se convierta en un préstamo para sumarle liquidez a los trabajos.
Las autoridades de la vía marítima también buscan compromisos firmes por parte del consorcio en relación con las 12 compuertas de acero que quedan por entregar.
La Autoridad planea dar un período de moratoria al grupo de empresas sobre los pagos que debe hacer por adelantos multimillonarios que recibió al inicio del proyecto. En tanto, los reclamos por sobrecostos se ventilarían en un arbitraje internacional.
Grupo Unidos por el Canal, que tiene como socios minoritarios a la belga Jan De Nul y a la panameña Cusa, se adjudicó la construcción de las nuevas esclusas al proponer el precio más bajo por el proyecto, 3.118 millones de dólares, a mediados de 2009.
Las obras están adelantadas al 65%, según la Autoridad del Canal.
Las autoridades del Canal han dicho que retomarán el resto de los trabajos si no se alcanza un acuerdo, aunque Quijano ha reiterado que lo más conveniente para todos es que el contratista los termine.
La ampliación tiene por fin duplicar la capacidad operativa de la vía, creada hace 99 años, y por donde se calcula que cruza 6% del comercio marítimo mundial.
La disputa ha creado temores de que la megaobra sufra mayores retrasos, lo que repercutiría en las navieras y puertos del mundo que han realizado costosas inversiones en preparación para el paso de buques de mayor tamaño por el canal ampliado.
De hecho, Quijano estimó que la ampliación se terminaría durante el cuarto trimestre del 2015, en vez de junio del mismo año, a consecuencia de los retrasos por el conflicto.
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