Cartagena de indias - Colombia 
lunes, 12 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
Mis noticiasSancionan a Coomeva EPS por no practicar aborto a menor que había sido violada
La Corte Constitucional sancionó a una EPS y su red de clínicas por no practicar un aborto a una menor de 13 años que había sido violada y resultó embarazada en Cúcuta, incumpliendo el fallo de la Corte del año 2006 (sentencia 355/06) que reglamenta el aborto en Colombia bajo tres circunstancias especiales.
Luego de conocer el caso, la Superintendencia de Salud abrió un proceso de investigación contra el Hospital Erasmo Meoz (perteneciente a la red de entidades prestadoras de salud de Coomeva en Cúcuta), y los jueces que fallaron en contra del derecho de aborto que se le concede a la menor específicamente por su caso.
En el país continúan las prácticas de abortos clandestinas, aún después de haberse reglamentado para tres casos específicos: violación, malformación del feto o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre.
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Ante el fallo T-209, que negó el derecho al aborto legal a la menor, el gerente del hospital de Cúcuta Erazmo Meoz, Carlos Uribe Gil, manifestó que dentro del portafolio de servicios del hospital "no hemos incluido estos servicios (del aborto)".
De acuerdo con la Corte, la respuesta que dio en su momento Coomeva a los jueces fue que desde el primer momento ordenó el procedimiento a las instituciones de su red de servicios de salud en Cúcuta, pero que la respuesta de los médicos de estas instituciones fue negativa, en razón de la objeción de conciencia por razones de tipo religioso.
Sin embargo, el Alto Tribunal ordenó ante los jueces administrativos la sanción a dicho Hospital y Coomeva anunció que se pronunciará a finales de esta semana.
INCUMPLIMIENTO EN EVIDENCIA
La Procuraduría General de la Nación reveló hace pocos días que sólo en 7 de los 32 departamentos, las instituciones prestadoras de salud han registrado la práctica de aborto legal desde el fallo de la Corte en el 2006.
La cifra la dio a conocer luego de un minucioso seguimiento que hizo el Ministerio Público.
El procurador Edgardo Maya Villazón aseguró en su momento que "sigue operando el aborto clandestino en nuestro país y que hay un gran subregistro de los casos de mujeres que podrían acogerse a dicha sentencia y no lo hacen por desconocimiento de sus derechos, y por otro lado, el de las mujeres que, habiendo solicitado el servicio, no son atendidas".
En el informe, la Procuraduría y la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres establecieron que en el 2007 sólo fueron practicados 40 casos de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en el país.
Ante estos resultados, el informe señala que se "evidencian barreras de acceso al servicio que imponen a las mujeres las aseguradoras y las prestadoras de servicios de salud, y otras instituciones públicas y privadas, vulnerando su derecho a recibir el servicio de manera inmediata".