Monteria - Colombia
miércoles, 14 de mayo de 2008
Monteria - Colombia
La cercanía de Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo con el departamento de Córdoba, hizo que se generara mayor expectativa por la extradición de los 14 ex jefes paramilitares a Estados Unidos.
Por una parte, los familiares no salían de su asombro porque jamás conocieron la decisión del Gobierno y por la otra, las víctimas insistieron en que se alejaba la posibilidad de conocer la verdad y de acceder a una reparación.
Ayer en Montería no se hablaba de otra cosa que no fuera la decisión del Gobierno y las incidencias que puede traer en una región como Córdoba, donde se concentró la actividad de los ex jefes paramilitares conocidos como El Mono y Don Berna.
REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS
Mario Montes de Oca, abogado de las víctimas de las autodefensas en Córdoba y asesor de Comfavic, indicó que acudirán ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la reparación de las víctimas no quede en el papel.
Indicó que con la extradición será difícil lograr una verdadera reparación porque a la justicia norteamericana le interesa son las rutas del narcotráfico y no los problemas de los campesinos cordobeses.
Calificó de apresurada la decisión del Gobierno y dijo que reconocer 7 millones por víctimas es disfrazar la verdadera reparación.
SINDICATO DE UNICÓRDOBA
Los miembros del sindicato de la Universidad de Córdoba, uno de los que más ha fustigado a Mancuso, a quien acusan de haberse tomado a sangre y fuego la institución, la extradición de los ex paramilitares es buena porque les va a caer el peso de la ley americana.
“En Estados Unidos van a recibir una condena ejemplar”, indicaron los miembros sindicales aduciendo que la extradición no es óbice para que la Fiscalía y la Procuraduría concluyan su investigación al interior de la Universidad.
En medio de las denuncias y los requerimientos de los sindicatos aparecieron estudiantes señalando que un compañero de la facultad de ingeniería agronómica recibió amenazas de muerte después de participar en la protesta de la semana anterior.
Aunque no dieron el nombre del estudiante dicen que no está asistiendo a clases desde que llamaron a su residencia a amenazarlo y respondió su madre.
CONSEJERO DE PAZ
El directivo del Consejo Departamental de Paz, José García Calume, indicó que el proceso de paz requiere de la verdad y seriedad en los compromisos.
“Si el Gobierno tiene la plena prueba de que los ex comandantes continuaban delinquiendo desde los sitios de reclusión, no estaban diciendo toda la verdad sino una verdad a medias, no estaban entregando todos los bienes sino unos cuantos y no estaban procediendo en debida forma a la reparación de las víctimas; bien hizo el Gobierno en hacer efectiva la extradición que ya había autorizado la Corte Suprema de Justicia”, indicó el ex diputado cordobés.
Dijo así mismo que el proceso de paz debe soportarse en el cumplimiento de parte y parte de las obligaciones que les corresponde y que a los ex comandantes no extraditados les corresponde honrar la palabra comprometida y cumplir con los compromisos adquiridos y a los testaferros proceder a la devolución de los bienes producto de las actividades ilícitas para que exista una verdadera colaboración que facilite en el menor tiempo posible el regreso de los excomandantes extraditados, después de haberse cumplido con los parámetros de la verdad, la justicia y la reparación que exige la ley 975 de justicia y paz.
POSICIÓN DEL OBISPO
El obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, no quiso referirse en detalle al proceso de extradición pero insistió en que nada que afecte el proceso de paz y la reparación de las víctimas debe hacerse en aras de lograr la verdadera justicia.
En oportunidades anteriores el obispo se había referido al tema indicando que ambas partes debían tener las garantías necesarias para continuar con el proceso.