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Efectos de la privatización

Con la imposición de las políticas  neo liberales de los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y otros, en nuestro país se inició la política de privatización de las diferentes empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, entre ellas las electrificadoras estatales, que prestaban el servicio de energía eléctrica, que eran entidades sin ánimo de lucro, las cuales sus utilidades o ganancias debían revertirlas en servicios a la comunidad, especialmente en los sectores populares y marginados, con lo cual el Estado colombiano cumplía con su función social. Diferente a lo que viene sucediendo actualmente con las empresas privadas y de capital extranjero que prestan el servicio de energía eléctrica, solamente bajo una visión netamente económica en busca de mayores utilidades, sin importarles las necesidades de los usuarios  de las comunidades de los sectores populares y marginados, que han sido los más afectados con la privatización de este servicio público esencial y sectores importantes de la economía regional. Como todos estos hechos hacen parte de la imposición de los grandes inversionistas del capital privado extranjero, con la colaboración y la complicidad de la mayoría de la clase política  que ha gobernado nuestro país, en año 1991 modificaron la Constitución Política de Colombia, con el artículo 365 que dice: “Los servicios públicos son inherentes  a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico de la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. Así mismo esa mayoría de la clase política creó en el Congreso de la República la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios y la Ley 143 o eléctrica, todas a favor de las empresas de capital privado extranjero y en contra de los usuarios colombianos de los sectores populares, marginados y comunidad en general para quienes no hay ninguna entidad del Estado que haga respetar sus derechos como usuarios, porque ya no son tratados como usuarios, sino como simples clientes, y la Superintendencia de Servicios Públicos se ha convertido en un elefante blanco al servicio de las empresas. Hoy, esa misma clase política viene proponiendo el cambio de operador para el manejo del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, lo cual no es el simple cambio de operador, sino que este problema requiere de unas soluciones de fondo, donde las mismas entidades del Estado son los principales morosos ante Electricaribe, a través de instituciones oficiales como colegios, hospitales, alumbrado  público, acueductos, etc. Otro importante problema a resolver es el efecto de la Ley 143, o Ley Eléctrica, que permite a los grandes consumidores de energía, entre ellos los sectores industrial, hotelero y comercial comprar la energía en bloque,  directamente a los generadores o en la bolsa de energía y no a Electricaribe, con lo cual se produce un descreme del negocio, quedándole la responsabilidad de la prestación del servicio a los estratos residenciales tanto del área urbana como rural, y el mantenimiento de toda la infraestructura a Electricaribe. Ante los múltiples problemas que afectan a la mayoría de los usuarios del servicio de energía eléctrica en todo el país  y en especial en toda la Región Caribe y sobre todo en Cartagena, donde producto de esa privatización el servicio de energía eléctrica se desmejoró en todos los aspectos, los cables de cobre están siendo reemplazados por aluminio, la reparación de daños es súper demorada en casos hasta de varios días, las funciones propias de la empresa son realizadas por terceros a través de firmas contratistas, y la mano de obra calificada de los trabajadores de nómina de la empresa han sido desplazados y reducidos, además les son desconocidos y violados  sus derechos, al igual que a los jubilados de esa empresa, lo cual tiene invadidos a los juzgados de una serie de demandas laborales. Por todo lo anterior y con base en los artículos 365 de la Constitución Política de Colombia que dice: “En todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado mediante ley aprobada por la mayoría de una u otra cámara, por iniciativa del gobierno reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad licita., y el artículo 370 que dice: corresponde al presidente de la república señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan. Por  último, considero que debe ser el Estado colombiano el que asuma directamente la prestación de este servicio público esencial y cumpla con la función social que le corresponde, como lo señala nuestra Constitución Política, con una empresa estatal sin ánimo de lucro, donde las utilidades o ganancias que produzca sean revertidos en servicio a la comunidad  y se les garantice un servicio de buena calidad al comercio, la industria y demás sectores en general y se le respeten los derechos a los usuarios,trabajadores y jubilados.

 

Nombre: 
RUBÉN
Apellidos: 
CASTRO
Cédula : 
73.071.990 de Cartagena

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