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Columna

Con las manos amarradas

“Es decir, están con las manos amarradas, “pero con todas las capacidades”. Qué paradoja, la Gobernación compra armas...”.

Javier Ramos Zambrano

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De la guerra que pone a arder al sur de Bolívar no llega siquiera una estela de humo a Bogotá, pues la crisis alarmante sigue sin encontrar eco en el Gobierno nacional.

Eso se puede resumir de la entrevista que tuvo el pasado lunes Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar, con el Noticiero Popular de la Cariñosa.

Contaba el secretario que “el martes de la semana pasada un francotirador impactó a uno de nuestros soldados. Y el sábado a las 9 p. m., en la vía que comunica la vereda de San Benito con Los Limones, explotaron dos artefactos, poco antes de que pasaran nuestras tropas”.

La consolidación de grupos armados ilegales, el auge de la minería ilegal y la violencia sistemática han convertido la región en un polvorín con más de 400 familias desplazadas y varios líderes sociales asesinados, mientras las fuerzas del Estado permanecen inmóviles, atadas por protocolos y negociaciones de paz que no reflejan la realidad del territorio.

Según Berrío, en menos de dos años los grupos criminales han pasado de 400 a unos 2.000 hombres en armas. El Eln y las disidencias de las Farc, tradicionalmente rivales, han encontrado en Bolívar una razón para unirse: enfrentar al Clan del Golfo, que disputa el control de la minería ilegal. Es una guerra con múltiples frentes donde la principal víctima es la población civil, atrapada en un conflicto sin tregua.

Aunque hay aproximadamente 7.000 soldados desplegados en la zona, su capacidad de respuesta es mínima. Las tropas deben pedir autorización antes de actuar, pues cualquier enfrentamiento podría interpretarse como una violación de los acuerdos de paz. Así, los soldados están en un limbo estratégico.

“Y ese es el llamado que nuestro gobernador Yamil Arana ha hecho insistentemente al Gobierno nacional, que vuelque sus ojos hacia el sur del departamento de Bolívar, que no se normalice la guerra que estamos viviendo, porque si nosotros tuviéramos la capacidad de tener una Policía departamental o un Ejército departamental, la historia fuera otra. Tuviera el gobernador la autoridad para comandar las fuerzas y recuperar estos territorios que hemos estado perdiendo”, añadió.

Es decir, están con las manos amarradas, “pero con todas las capacidades”. Qué paradoja, la Gobernación compra armas de última tecnología para fortalecer la seguridad; sin embargo, varias se están oxidando, no por el clima, sino por la inacción.

La llegada del nuevo ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, debe representar una oportunidad para cambiar el rumbo. Como bien lo describió el editorial de El Universal, es “un oficial que toda su vida ha sido soldado en el franco sentido de la palabra”, del que se espera visite la región, escuche a las comunidades y dé instrucciones claras a las tropas, para que se entienda de una buena vez que la paz no se decreta en un escritorio en Bogotá mientras la violencia se enquista en los territorios.

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