Muchas veces en política pública se plantean soluciones a ciertos cuellos de botella, que resultan en situaciones más complejas de las que pretendían resolver. Ante los malos resultados, los ciudadanos desvirtúan las estrategias sin reconocer que el fracaso suele ser por las fallas en la implementación o ciertas regulaciones que fomentan la captura de rentas. A continuación, algunos casos que ayudan a entender por qué se llega a soluciones sin resultados.
Un primer ejemplo son las asociaciones público-privadas (APP). Ante los problemas de gerencia del sector público y/o la falta de recursos, se opta por prestar ciertos bienes y servicios públicos mediante una APP. Lo que originalmente suena muy atractivo, termina con un diseño que permite un alto beneficio para el privado a expensas de los fondos públicos. Además, no existe un buen esquema de auditoría que permita que el privado cumpla con lo acordado.
La situación termina generando un rechazo ciudadano a las APP y añorando la prestación del servicio por parte del Estado, olvidando que el esquema público-privado surgió para superar los problemas que tenía la administración pública, ya sea por mala gestión o escasez de recursos.
Otro ejemplo es el plan de ordenamiento territorial, POT, el cual se planteó como el mecanismo que permitiría la organización de las diferentes actividades (residencial, empresarial, institucional, entre otras) en el espacio urbano. Uno de los propósitos es que el POT sea el mecanismo que permita la provisión del suelo urbanizable en una ciudad, evitando la proliferación de la urbanización informal y en zonas de riesgo. En la medida en que las normas definidas en el POT son clave para, por ejemplo, establecer el uso del suelo, se convierte en un mecanismo de captura de rentas por el cambio de uso de un determinado predio. También, para un proceso de urbanización, el POT establece condiciones que deben ser verificadas por los funcionarios encargados de vigilar su cumplimiento.
Estas buenas intenciones planteadas con la creación del POT en algunas ocasiones pueden obstruir la provisión de suelo urbano con todas las condiciones deseadas, mientras que la urbanización ilegal sin los servicios adecuados y probablemente en zonas de riesgo continúa atendiendo la demanda de suelo.
Lograr resultados con las políticas públicas exige funcionarios comprometidos con el bienestar ciudadano. Sus actuaciones deben ir más allá del beneficio personal y comprometerse con las mejores condiciones para la mayoría, en especial de los más vulnerables.
Y esto no solo por parte del funcionario público, también debe involucrar a aquellas empresas o empresarios que participan en la provisión de bienes y servicios públicos.