Cuando se pensó que entraríamos en una especie de sosiego político (superado el debate de la consulta popular) y que Gobierno y Congreso se centrarían en los problemas estratégicos del país, nuevamente estamos inmersos en otra camorra política insulsa: la de una constituyente. Una propuesta legítima, pero estéril, por lo siguiente.
Primero, por el motivo (¿por qué?). El Gobierno ha invocado como causa principal para su convocatoria la existencia de un bloqueo institucional, pero esta tesis es contraevidente, porque los hechos parecen corroborar lo contrario: el Congreso de la República le ha aprobado un sin número de leyes (reforma tributaria, reforma laboral, pensional, etc.) y tres reformas constitucionales. Por otra parte, el argumento del bloqueo es la versión renovada de otros argumentos igual de refutables, como el del “enemigo interno” o el de que el presidente no tiene poder. Pareciera que el Gobierno identifica “bloqueo institucional” con aquello que en la democracia liberal se llama “oposición legítima” (el presidente la ejerció por mucho tiempo) y que es consecuencia de la separación de poderes y del sistema de frenos y contrapesos. Si la propuesta de una constituyente es para debilitar o suprimir estos dos pilares de la democracia, podríamos -como Venezuela o Nicaragua- resbalar sin retorno por esa pendiente que conduce al autoritarismo (autocracia, totalitarismo), a la dictadura constitucional o a la democracia i-liberal, y no estoy seguro de que eso sea lo que quisiera el Gobierno, aunque estoy absolutamente convencido de que con la actual institucionalidad es improbable que eso suceda.
Segundo, por el método (¿cómo?). El Gobierno ha hablado de una “octava papeleta” intentando asimilar su propuesta con el movimiento estudiantil de la “séptima papeleta”, pero las diferencias son tan abismales entre aquel momento constitucional y el presente, que es un insulto a la memoria y un despropósito intelectual siquiera intentar equipararla. Además, hoy son tan variadas las posibilidades que existen para reformar la Constitución, que es ilegitima e inviable cualquier propuesta extra-constitucional.
Tercero, si la causa invocada no es creíble y el camino para convocarla improbable, sólo resta preguntarse por el fin (¿para qué?). La respuesta corta es: ‘para nada’ (no va a haber constituyente ni papeleta ni convocatoria). La respuesta larga es: se trata de una estrategia legítima de comunicación política, que le permite al gobierno distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas (salud, orden público, criminalidad, corrupción, déficit fiscal, etc.), al tiempo que construye un ideario político para el 2026, que divide al país en buenos (defensores de la constituyente) y malos, el resto.
Reflexión final: si el problema es la ineficacia de la Constitución, la solución no es cambiarla, sino materializarla, por tanto, parece que el problema no es su contenido, sino los liderazgos poco asertivos, corruptos e ineficientes que se eligen para aplicarla.
*Profesor Universitario.