Hay una violencia que no lleva uniforme de guerra ni dispara fusiles. Es la violencia del poder cotidiano. La que se instala en la fila del banco, en la de los servicios médicos, o cualquier servicio público, en el cubículo del call center, en el frente de una aerolínea. Esa que no se grita, pero amarga. No derrama sangre, pero arde. Y la resignación, decía Foucault, es una forma de disciplina. Una docilidad aprendida.
Desde niños nos educan para callar. En la escuela: “No contradiga al profesor”. En la casa: “Cállese cuando los adultos están hablando”. En la calle: “No le responda al policía”. Así aprendemos que el que obedece no se mete en problemas, y que el que reclama es un fastidio, un problemático que muy probablemente recibirá una sanción o castigo por su “mala conducta”. En Colombia, donde hablar fuerte puede costar la vida, la sumisión no es solo una actitud: es una estrategia de supervivencia. Y así, entre silencios obligados, vamos aceptando los abusos como si fueran accidentes inevitables.
Y los ejemplos sobran. Están en las clínicas que niegan citas con especialistas durante meses. En las oficinas públicas que exigen documentos absurdos, legalizados tres veces, para decirle al final que “faltó una fotocopia”. En los sistemas educativos donde el estudiante no puede cuestionar al profesor sin ganarse un reporte. O en las aerolíneas low cost, esas máquinas de eficiencia financiera donde el pasajero no es un ser humano, sino una variable de riesgo.
La cosa: Próximas elecciones presidenciales
José William PorrasUn ejemplo de una situación legalmente permitida ilustra este paisaje de abusos: las aerolíneas low cost pueden revender hasta el 10% de los cupos de un vuelo, lo que implica que, aun con tiquete comprado, asiento asignado y tarifa preferencial pagada, usted puede quedar en tierra. No hay garantías. Y si protesta —porque ha perdido una conexión, una cita o simplemente su tiempo—, puede ser etiquetado como “pasajero disruptivo” por cualquier supervisor con criterio subjetivo, sin posibilidad de apelación. Esa categoría, decidida con total arbitrariedad, puede dejarlo sin viajar o incluso vetado de por vida. Entonces, lo aprende rápido: mejor callarse. Porque entre más hable, más pierde. Esa amenaza implícita convierte el reclamo en un acto de riesgo. Y así, lo que era indignación se transforma en silencio. Sumisión, otra vez. El mismo mecanismo de siempre. No hay espacio para el disenso. El cliente no siempre tiene la razón. A veces no tiene ni siquiera el derecho a reclamar.
Lo grave no es solo que las leyes permitan este tipo de prácticas. Lo grave es que todos nos las calemos. Que no haya indignación social suficiente como para exigir cambios. Las aerolíneas, como muchos otros prestadores de servicios esenciales —salud, educación, transporte—, juegan con las reglas del abuso porque saben que la mayoría bajará la cabeza. Y esa, quizás, es la verdadera tragedia: que nos han entrenado tanto para obedecer, que hemos olvidado cómo exigir. Señores congresistas, una miradita a estas leyes permisivas con el abuso, estaría bastante bien para el ciudadano. Que ser sumiso y diplomático, sirva de algo.