Platón defendió el gobierno de los hombres sabios y virtuosos (filósofos-reyes), una especie de gerontocracia liberada de las pasiones de la juventud y dominada por la prudencia, la mesura y la justicia. Aristóteles, pese a que abogó por la educación en la virtud de los ciudadanos griegos, promovió el gobierno de las leyes, porque consideró que estas -a diferencia de los hombres que eran irracionales, pasionales e impredecibles- son objetivas, racionales y se aplicaban de manera igual para todos. La historia terminó dándole la razón. Luego de siglos de lucha contra la tiranía de los reyes, en la modernidad, se impuso la idea de Estado de derecho que significó gobierno de las leyes, al que Montesquieu consideró esencial para poder hablar de libertad, pues, solo existe esta, señalaba, si se vive bajo leyes justas y estables y no bajo la voluntad arbitraria de otro hombre.
A diferencia de lo que sucedió en Europa e Inglaterra, que padecieron durante siglos la arbitrariedad del absolutismo monárquico y, por ello, hicieron de los reyes simples figuras decorativas y acogieron el parlamentarismo, y de Norteamérica, en donde si bien se impuso el presidencialismo se estableció un sistema de frenos y contrapesos y de control entre los poderes que hasta hoy ha sido efectivo, en Latinoamérica, el sistema político legitimó la tesis del gobierno de los hombres, lo que explica que si bien nuestras constituciones han sido generosas con los derechos, también han fortalecido el hiperpresidencialismo, lo que ha convertido al gobernante de turno en una especie de reyezuelo del que dependen la materialización de esos derechos y cuyo poder está, casi siempre, por fuera o por encima de la ley.
Detrás de este hiperpresidencialismo hay una concepción patriarcal y paternalista del poder que estimula el caudillismo y el mesianismo (Bolívar, Pancho Villa, Zapata, Castro, Chávez, Uribe, Petro), que niega los ideales republicanos y democráticos, y que contrario al ideal ilustrado de sapere aude (“atrévete a saber” o “ten el coraje de servirte de tu propio entendimiento”), que presupondría la existencia de un ciudadano deliberante y crítico, prefiere mantener al individuo en una condición de minoría de edad, al que luego se romantiza bajo la categoría abstracta, homogénea y generalizante de “pueblo”.
En Colombia, a pesar de que se introdujo en la Constitución de 1991 un sistema de frenos y contrapesos, el poder presidencial sigue siendo enorme: nombra fiscal, defensor del pueblo, procurador, magistrados de la Corte Constitucional y maneja la chequera. Quizá, por ello, hoy tenemos más candidatos (as) presidenciales que partidos políticos, nuevos mesías que juegan a ser los nuevos iluminados. En su mayoría desideologizados, algunos, ensimismados en su superioridad moral, y otros, alucinados por las mágicas soluciones que tienen a todos los problemas de los colombianos.
*Profesor universitario.