En Colombia, las muertes de líderes sociales, periodistas y figuras políticas suelen ser narradas bajo un mismo marco: rivalidades ideológicas y persecución política. Sin embargo, reducir estos crímenes a la disputa entre izquierda y derecha es superfluo. Los asesinatos de Ruhal Martínez, Miguel Uribe Turbay sucedieron con apenas días de diferencia, con un evidente cubrimiento mediático muy diferente, pero que parecen tener un trasfondo que apunta a un factor más persistente y brutal: el control territorial y el negocio de la droga.
Ruhal Martínez, líder comunitario en Jamundí, fue asesinado en una zona dominada por disidencias de las Farc, donde el poder no se mide en votos, sino en quién controla las rutas, las bocas de expendio y el silencio de la gente. Miguel Uribe Turbay, político con proyección nacional, murió tras un atentado que aún se investiga, pero que se produjo en un país donde las redes del narcotráfico atraviesan la política, la economía y la vida cotidiana. El día de las exequias de Uribe Turbay, se conmemoraba el natalicio de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, asesinado en el 86 por denunciar sin tregua el poder del narcotráfico. Cano entendió que la lucha contra estas mafias no es solo un asunto de justicia penal, sino una defensa de la democracia misma. Al día siguiente recordábamos al también asesinado Jaime Garzón, quién con su ironía aguda, denunciaba precisamente esos vínculos perversos. Voces de diferentes orillas ideológicas y lugares de enunciación que por ser incómodas para quienes quieren un país sometido por la corrupción, el miedo y la cocaína fueron silencidas de la forma más vil. La cultura de la justificación de la muerte del contrario, tan arraigada en nuestro discurso público, funciona como cortina de humo. Mientras la opinión se polariza sobre las etiquetas políticas de la víctima, los verdaderos beneficiarios, esos que controlan rutas, lavan dinero y compran conciencias, permanecen en la sombra. No les importa si el muerto era de izquierda o de derecha; lo que importa es que su ausencia facilite el control sobre un territorio o una comunidad. No podemos permitir el memoricidio de cada una de las vícitmas de este país, porque olvidar es funcional al crimen organizado, que se alimenta de una sociedad incapaz de unir su memoria y su indignación. Recordar sus vidas y exigir justicia no es un ejercicio simbólico, sino una estrategia para debilitar un sistema que convierte el territorio en botín y la violencia en herramienta de gobierno. Mientras no entendamos que estas muertes no son solo políticas, sino profundamente económicas, seguiremos discutiendo las banderas del muerto y no las manos que empuñaron el arma.