La suspensión de las obras en ocho colegios oficiales de Cartagena, ordenada por el Juzgado Noveno Penal Municipal tras una acción de tutela, desató una controversia. Lo que empezó como una discusión sobre planes de contingencia, se convirtió en una encrucijada donde chocan la urgencia de modernizar la infraestructura, el derecho a la continuidad educativa y, cómo negarlo, intereses políticos que ojalá no terminen marcando el rumbo del debate.
La Alcaldía presentó un plan ambicioso: más de 327 mil millones de pesos para intervenir 33 colegios y levantar cinco nuevos megacolegios. En la primera fase, ocho instituciones iban a ser rehabilitadas; pero una tutela interpuesta por la excandidata a la Alcaldía, Lía Muñoz, frenó las obras tras alegar falta de socialización y ausencia de medidas claras para garantizar clases, alimentación escolar y seguridad de los estudiantes.
El juez, en cautela, decidió suspender los trabajos hasta tanto se presente un Plan de Continuidad Educativa. La Secretaría de Educación insiste en que esos planes ya existían, aunque no fueron percibidos como suficientes.
Menos resoluciones, más seguridad jurídica
Iván Martínez IbarraEn paralelo, algunos líderes sociales argumentan que lo más grave no es una pausa en el calendario, sino mantener a miles de niños en colegios con techos desplomados, paredes agrietadas y riesgo de colapso. Toda una paradoja: mientras unos alegan que intervenir ya pone en riesgo derechos, otros sostienen que aplazar las obras prolonga un peligro mayor.
La controversia, además, tiene un inevitable trasfondo político. Muñoz, quien apoyaba al mandatario y, como publicó La Contratopedia, “en el primer semestre de 2024 fue contratista del gobierno Turbay para asesorar al Despacho del alcalde en la atención de procesos comunitarios. Ese contrato, por $40 millones, tuvo un plazo de ejecución de ocho meses”... ahora, como opositora, asegura que su interés es proteger a los estudiantes. Dumek Turbay, por su parte, la acusa de actuar con motivaciones mezquinas. La tutela, en teoría un mecanismo de protección constitucional, se convierte así en un campo de batalla donde el derecho a la educación se entrelaza con disputas de poder.
Cartagena, sin embargo, no puede perder de vista lo esencial. La mayoría de los colegios públicos aún no cuentan con ambientes escolares adecuados. Los derrumbes y accidentes no son hipótesis.
La lección es doble: la Alcaldía debe blindar sus planes de contingencia con diálogo previo, para que ninguna comunidad sienta que se improvisa ante una urgencia que amenaza derechos. Y la oposición debe usar las herramientas judiciales con responsabilidad, evitando que se confundan con jugadas de revancha política; porque al final lo importante no es el triunfo de un actor político, ni la foto del mandatario en una obra inaugurada; lo que está en juego son las aulas seguras y dignas que miles de estudiantes esperan desde hace décadas. Y cada día de parálisis -por tutela, por falta de planeación o por cálculos políticos- es un día más que les robamos su derecho a aprender en condiciones justas.