Hace 18 años, cuando cubría la fuente judicial en el periódico Nuestro Diario —lo que hoy es Q’hubo—, mi primera cita de cada mañana era en la morgue de Medicina Legal. Allí, por la puerta principal, recibían cordialmente a la prensa. Recuerdo que en el desaparecido periódico La Verdad se alternaban en esa labor Ernesto Taborda (q. e. p. d.) y Cristian Agámez, mientras que del diario tradicional El Universal asistía siempre Edwin Torres Padrón, editor judicial. A todos nos entregaban una lista precisa: nombre, edad, causa de muerte, lugar de residencia y dirección de donde ocurrió el hecho. Si el caso era sonado, un director seccional nos daba más detalles.
De allí, los periodistas continuábamos el recorrido hacia la casa del finado, donde la familia compartía su versión y fotos en vida. Antes de escribir, contrastábamos voces: Medicina Legal, la Policía, los familiares... Al finalizar cada mes, la cifra de homicidios que publicábamos coincidía con la oficial. Además, contábamos con una fuente clave para el análisis: el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (COSED), que desglosaba los números y los conectaba con la realidad socioeconómica y geográfica de la ciudad.
Con los años, ese ejercicio se fue desmoronando. La morgue cerró sus puertas a la prensa. Ya no había un director visible; todo remitía a la regional en Barranquilla. La información, cuando llegaba, era por la voluntad de un vigilante o por lo que deducíamos al ver a familiares retirar un cuerpo. Para completar, el COSED desapareció en la administración pasada.
En el reciente Seminario de Actualización Periodística en la UTB, le pregunté a Edwin Torres si era posible que hoy en Cartagena existan muertos que no se cuenten. Su respuesta fue contundente: sí. Un herido que recibe varios disparos y muere días después, probablemente no se registre como homicidio, sino como “muerte por determinar”. Eso explica por qué las cifras que El Universal levanta con rigor no coinciden con las de la Policía. La diferencia es que Edwin y su equipo siguen haciendo lo que aprendimos: ir a la fuente primaria, a las casas de las víctimas (mientras la familia quiera entregar declaraciones).
Ojalá la Policía retomara lo que hacía una década atrás: una rueda de prensa diaria con cada caso. Esa práctica le daba transparencia al proceso y evitaba la confusión actual entre registros oficiales y periodísticos.
Por otro lado, vale la pena insistir en la necesidad de un observatorio bajo un modelo de gobernanza híbrido. Podría estar adscrito a la Secretaría del Interior, pero con un consejo directivo integrado por centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. Ese esquema garantizaría rigor técnico e independencia frente a presiones políticas y permitiría avanzar hacia políticas de seguridad preventivas y no meramente reactivas.
*Periodista y profesor. Magíster en Comunicación.