¿Por qué la Fiscalía mencionó a Elsa Noguera en la imputación de seis nuevos delitos contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro?
La audiencia comenzó la semana pasada, y la Fiscalía dividió los hechos en dos paquetes. El primero está relacionado con la presentación de presuntos certificados irregulares para justificar ingresos ante la DIAN, lo que dio pie a las imputaciones por falsedad en documento privado, falsedad en documento público y falso testimonio.
El segundo bloque se centró en el posible aprovechamiento personal de dos contratos firmados durante la administración de Noguera: según la Fiscalía, al menos $111.000.000 de esos recursos terminaron en manos de Nicolás Petro y su entonces esposa Day Vásquez. Por eso, la Fiscalía le imputó a Petro interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Esos dos contratos, por $972.000.000, buscaban atender a adultos mayores en los centros de vida municipales del Atlántico: uno tiene fecha del 25 de agosto de 2021, por $400.000.000, y el otro es del 25 de enero de 2022, por $572.000.000.
Los firmaron Raúl Lacouture, entonces secretario general del Atlántico y mano derecha de Noguera, y Gustavo De La Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
La fiscal Lucy Laborde resaltó que al firmar esos contratos bajo el régimen especial de contratación, Lacouture tenía libertad para elegir al contratista. Lo señaló de participar en un “acuerdo corrupto” con Petro y Vásquez, y describió a la exgobernadora del Atlántico como “muy interesada” en los contratos. De hecho, aseguró que ella tuvo pleno conocimiento de lo sucedido.
En cuanto a la influencia que Petro ejerció sobre ella y Lacouture, la Fiscal dijo que esos eventos específicos están en indagación.
La defensa de Petro dijo que la Fiscalía fue contradictoria, porque el 10 de noviembre habló de un “acuerdo corrupto” entre cinco personas -Petro era uno de ellos- y el 12 de noviembre dijo que Petro instrumentalizó a Vásquez. La defensa también cuestionó que Lacouture no esté imputado ni que exista investigación en curso contra Noguera en la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano competente para investigarla.
Pese a las quejas de la defensa y del Ministerio Público por las calificaciones jurídicas, el juez avaló las imputaciones porque cumplen los requisitos formales.
El 26 de noviembre, el juez definirá si hubo violación de garantías, como alegó la defensa de Petro, al señalar que los hechos por los que está siendo imputado ya aparecen en otro proceso que afronta, desde 2023, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Lo que hasta ahora deja claro esta investigada contratación del Atlántico es una contradicción política: aunque Nicolás Petro ocupaba la curul de oposición en la Asamblea del Atlántico entre 2020 y 2023, en privado no solo mantenía vasos comunicantes con la administración de Noguera, sino que intentaba beneficiarse de sus contratos.