Durante el siglo pasado dos escándalos remecieron a la opinión pública: en Reino Unido (1963), plena Guerra Fría, un escándalo de sexo y espionaje minó la credibilidad del gobierno y terminó con la renuncia del ministro de guerra británico John Profumo, quien había mentido al Parlamento sobre su relación impropia con Christine Keeler, mientras ella, simultáneamente, mantenía otra con el agregado naval soviético, obviamente un espía enemigo. Watergate (1974), en EE. UU., un escándalo de espionaje político y encubrimiento obligó a la renuncia de Richard Nixon, y redefinió la relación entre prensa, justicia y poder presidencial. Ambo casos revelados por la prensa dieron valor al poder investigativo que tienen los medios en los países democráticos para hallar la verdad, y causar grandes bajas al poder político corrupto.
El caso de alias ‘Calarcá’ muestra que la seguridad no depende solo de la capacidad de interceptar, incautar o procesar información, sino de sostener un ecosistema donde la verdad operativa prevalezca sobre la conveniencia política. Cuando el Estado logra esa primacía, la inteligencia vuelve a ser efectiva; cuando no, queda reducida a un repertorio de papeles y audios que se consumen al ritmo de la polémica, mientras el adversario consolida su ventaja. Desde la perspectiva de seguridad nacional, este escándalo expone un fenómeno de vulnerabilidad del Estado, cuando piezas del aparato institucional se alinean con la lógica del actor irregular, el sistema pierde capacidad de cerrar ciclos de información-acción.
Los audios y contenidos extraídos de los dispositivos de alias ‘Calarcá’ revelaron la intromisión política de la DNI y el silencio de la Fiscalía, instituciones que pierden credibilidad al situarse claramente por fuera de la neutralidad. La DNI, concebida para articular visión estratégica, cruzó el umbral de la disputa narrativa, arrastrando consigo el principio de neutralidad que sostiene la cooperación con fuerzas militares, policía judicial y socios extranjeros; recordemos que su anterior director se encuentra huyendo de la justicia.
La ley 1631 del 2013 garantiza que la inteligencia sea una herramienta del Estado y no de los gobiernos. La DIPOL, la DIJÍN y las inteligencias del Ejército, Armada y Aviación, gracias a la formación, integridad y disciplina de sus miembros, han demostrado eficacia, neutralidad y respeto al mandato constitucional, lo que nos convoca a fortalecer sus capacidades. Una junta integrada por delegados de cada fuerza, expertos en esta disciplina y apoyada por la Fiscalía y la Procuraduría, podría concentrar y administrar la información de inteligencia y contrainteligencia. La lección parece ser la necesidad de suprimir la agencia creada para reemplazar al DAS, cuyos pobres resultados y excesos han disuelto su razón de ser. Así se pondría fin a la Policía política que tanto daño ha causado a esta democracia.