El gobierno de Dumek Turbay seleccionó al Consorcio Protección Cartagena para mitigar las inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, por $164.863 millones. Ese privado se ganó la obra por selección abreviada, tras un primer intento de contratación por licitación pública que terminó desierto, porque ninguno de los tres oferentes cumplió con todos los requisitos establecidos en los pliegos.
En este nuevo proceso de contratación, el proyecto también tuvo tres consorcios en competencia: además de Protección Cartagena, Paseo Calamarí y Control Bahía. De hecho, varias de las firmas del contratista seleccionado ya habían competido por la licitación inicial.
El ganador está integrado por cuatro empresas: A.M.G.O Construcciones SAS, de Barranquilla, con el 59% de participación; Sonacol SAS, de Bogotá, con el 30%; Estudios Costeros y Oceánicos (ECO SAS), de Cartagena, con el 10%, y Construcciones Civiles MRG SAS, de Cali, con el 1% restante.
A.M.G.O Construcciones SAS, la empresa con mayor participación del consorcio, está matriculada desde 2010 en Barranquilla. Su representante legal es Juan Manuel Simanca Arrieta y ha participado en varias obras claves del Atlántico, como la reciente construcción del Centro Gastronómico Internacional (miembro del Consorcio Vive Puerto Colombia) y de vías intermunicipales.
La segunda firma con participación mayoritaria es Sonacol SAS: Solarte Nacional Construcciones SAS, miembro del Grupo Empresarial LHS y cuyo nombre ha estado en el radar por el caso Odebrecht. Ese conglomerado empresarial lo fundaron los Solarte, uno de los grupos familiares con más contratación de obras civiles en Colombia.
Uno de sus rostros más visibles, Carlos Solarte, está en juicio por el supuesto pago de sobornos para ganarse en 2009, junto a la brasileña Odebrecht, la construcción del túnel que conectaría el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá.
El Consorcio Protección Cartagena deberá trabajar en dos fases: una primera etapa será para los estudios y diseños definitivos, proyectada a cuatro meses. Y la segunda etapa, para la ejecución de la obra, proyectada a 20 meses.
Cartagena financiará estas obras a crédito con parte de los $330.000 millones aprobados por la banca de fomento Findeter a la Alcaldía de Cartagena, para esas obras e inversión vial. Esos recursos, el Distrito los pagará a 10 años. El 70% están proyectados a desembolsarse en 2026 y el resto en 2027.
Desde que el Distrito anunció los cerca de $170.000 millones para esta obra que beneficiará a dos de los barrios más pudientes de Cartagena, no han faltado las críticas, pues aún no se vislumbra una solución estructural para las inundaciones en el sur de la ciudad.
Con contratista y recursos asegurados para mitigar las inundaciones en el norte cartagenero, salta una pregunta inevitable para el Gobierno Turbay: ¿cuál es su plan para que el agua deje de colapsar los barrios más pobres de Cartagena?