En el país crece un mal silencioso relacionado con la suplantación de identidad para obtener créditos fraudulentos. Delincuentes usan documentos falsificados o datos robados para hacerse pasar por otros y conseguir créditos o servicios a nombre de terceros. Lo más grave es que esta estafa pasa casi desapercibida, pese a volverse cada vez más común.
Las personas afectadas suelen enterarse cuando ya es demasiado tarde, por lo general cuando descubren que están reportadas en las centrales de riesgo por deudas que jamás contrajeron. Casos así abundan a diario, pero, mientras las historias se multiplican, las soluciones no. La vía penal es poco efectiva, pues denunciar el fraude puede tardar años en resolverse y el historial crediticio de la víctima sigue manchado. Incluso hay quienes terminan enfrentando embargos por deudas ajenas.
Muchos de estos fraudes no serían posibles sin alguna complicidad interna o negligencia. No es creíble que se otorguen créditos sin verificación suficiente, por eso se sospecha que algunos funcionarios poco éticos aprueban solicitudes con documentos falsos o datos inventados, convirtiendo a la empresa en cómplice pasiva del delito. Mientras tanto, los suplantadores operan casi con impunidad, ya que las autoridades rara vez prestan atención a estos casos, pues uno solo no representa la magnitud suficiente para investigarlo.
Por eso, se hace necesario elevar una voz de protesta ante un problema que sigue creciendo en silencio. Debemos cuidar nuestros datos personales, pero el llamado es directo a las entidades, pues no pueden seguir sacrificando la seguridad en el altar de la colocación rápida y masiva de productos financieros. Ningún indicador comercial justifica que se aprueben créditos, sin una verificación seria y responsable de quién está realmente detrás de la solicitud.
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-413/25 declaró la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2022, por el cual se establecen lineamientos y mecanismos para proteger a las personas del reporte negativo ante operadores de información y el cobro de obligaciones en casos de suplantación de información e identidad. Esto representa un avance que durante años fue una deuda del Estado con las víctimas.
Sin embargo, una ley que no se cumple es letra muerta. Las empresas deben entender que verificar es una obligación. Por eso el Estado debe vigilar, sancionar y hacer cumplir las leyes, especialmente cuando está en juego el buen nombre, el patrimonio y la tranquilidad de ciudadanos inocentes.
Frenar esta estafa silenciosa requiere controles efectivos, sanciones ejemplares y un mensaje claro de cero tolerancia frente a los llamados créditos fantasma. Alzar la voz es una necesidad, porque nadie debería vivir con miedo a revisar su historial crediticio y descubrir que, sin saberlo, alguien más decidió endeudarse en su nombre.