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Columna

Una imputación y un “gran legado” en el IPCC

“Aunque su ejecución estaba prevista hasta diciembre de 2025, el contrato de Vargas terminó de manera anticipada el 28 de julio...”.

Tatiana Velasquez

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Por los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente, la Fiscalía imputó a la exreina Jeymmy Paola Vargas por su presunta responsabilidad en “la presentación de documentación falsa” para suscribir un contrato con el IPCC.

Según la Fiscalía, la contratista publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) “un título espurio que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro”.

Ese documento fue identificado inicialmente por el ingeniero cartagenero Álvaro González, veedor de contratos del gobierno de Dumek Turbay. González encontró que, para suscribir un contrato por $55’000.000 con el IPCC el año pasado, Vargas presentó un archivo titulado ‘Acta de Certificación 02’, que la acreditaba como ‘Técnico Laboral en Actuación y Teatro’ del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Tras una petición de información enviada por González, la entidad bumanguesa respondió que no encontró registros de matrícula, aprobación o certificación a nombre de Vargas en sus archivos.

Con base en ese hallazgo, González denunció penalmente a la exreina y también a la entonces directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, y a sus asesores Néstor Vásquez Santamaría y Walter Navarro Rangel, por su presunta responsabilidad en las irregularidades de esta contratación.

Con la supuesta certificación de Bucaramanga, Vargas cumplió los requisitos establecidos por el IPCC para acceder a mejores honorarios como contratista con formación técnica. Por eso -dice González en la denuncia-, sus pagos quedaron por encima de los topes fijados por el Distrito para contratistas con título de bachiller: no debió recibir $5’000.000 mensuales, sino hasta $3’558.750, a valores de 2025.

La Fiscalía sostiene que se apropió “indebidamente de $8’647.500” por encima del tope permitido para su perfil -al haber recibido $30’000.000, divididos en seis pagos de $5’000.000 cada uno-.

Aunque su ejecución estaba prevista hasta diciembre de 2025, el contrato de Vargas terminó de manera anticipada el 28 de julio. El IPCC señaló que no hubo incumplimientos ni procesos sancionatorios en su contra, pero no hizo públicas las razones de la terminación.

Este no es el primer cuestionamiento reciente al IPCC bajo la dirección de la saliente Lucy Espinosa. La gestora cultural Catalina Vela la ha calificado como “la crisis más fuerte que ha tenido el IPCC”. El año pasado, la entidad ya había sido noticia por dudas en la asignación de una bolsa de estímulos por $200’000.000 para el fortalecimiento del sector fílmico y audiovisual de Cartagena.

Pese a esos cuestionamientos y otros que fueron noticia, el alcalde Dumek Turbay despidió públicamente a Espinosa como “la mejor directora en la historia del Instituto” que dejó un “gran legado”. Los testimonios del sector cultural y los titulares recientes, sin embargo, muestran una realidad distinta al ya recurrente discurso adánico del mandatario.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.

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