Uno de los grandes logros en casi todos los países desarrollados y en varios de los que están en función de lograr una modernización de sus estructuras, y de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, es la cobertura en el suministro y acceso a los servicios públicos, en especial en energía, gas, recolección de basuras, acueducto y alcantarillado y acceso a Internet. Por el contrario, una de las características básicas de países atrasados es el precario o marginal estado de cobertura, eficiencia y garantía de esos servicios. Esto es proporcionalmente igual para las poblaciones, pero con significativas diferencias originadas en el tamaño o en la ubicación con respecto a los centros de poder. Lo que se observa y se puede comprobar empíricamente es que, a mayor tamaño de las ciudades, más sólida es la garantía de esos servicios, y en la medida que se va reduciendo empiezan a observarse fisuras o ineficiencias en esa prestación.
Algo parecido ocurre en muchos de los países latinoamericanos y en especial en nuestra Colombia. Las ciudades más grandes tienen cobertura de casi el 100% en la prestación de esos servicios y en la medida en que se va reduciendo el tamaño de las poblaciones, así va reduciéndose la cobertura de los mismos. Claro que hay unas inequidades y desigualdades aberrantes e incomprensibles para este siglo XXI. Solo es mirar el mapa de la concentración del PIB, que coincide con el llamado Triángulo de Oro y lo que queda por fuera presenta panoramas o indicadores típicos de mediados del siglo pasado. No es comprensible que, con las riquezas de gas, carbón, níquel, productos agrícolas y recursos naturales, las ciudades de la Costa Caribe tengan todavía hoy grandes vacíos y carencias, explicado en buena parte por lo denunciado recientemente sobre el tratamiento fiscal de la nación hacia las regiones.
Pero otra cosa muy diferente es la confiabilidad en la prestación de esos servicios, como lo que ocurre en Cartagena. La estabilidad, calidad, confianza en los suministros y eficiencia presentan fallas estructurales y operacionales que no solo generan racionamientos, elevados costos, irracionalidad en las tarifas, sino además una incertidumbre que empieza a afectar no solo la confianza ciudadana, sino aun los planes de algunos sectores empresariales. Uno de los aspectos que revela esta situación es la evaluación que los ciudadanos dan a estas empresas y la disposición a entender o validar los racionamientos.
Pero hay otro aspecto, tal vez más preocupante que parece que no se atendiera con suficiente atención y son las fuentes de suministro de esos servicios públicos. Por ejemplo, ¿cuántas fuentes de acceso de agua para potabilizar tiene la ciudad?, ¿cuántas fuentes de acceso al gas natural tiene la ciudad?, ¿cuál es la diversidad de fuentes de suministro de energía eléctrica?, ¿es viable a mediano plazo una ciudad con estas características de confiablidad de sus servicios públicos?